El consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha suspendido de sus funciones de forma cautelar a los ocho mossos d'Esquadra imputados por la reducción de un empresario del Gaixample en el barrio barcelonés del Raval y que murió después en el hospital.

En declaraciones a los medios, ha resaltado que se trata de delitos "graves" pero que la imputación es también una garantía procesal, y ha justificado no haber tomado antes esta medida porque el departamento carecía de toda la información sobre lo ocurrido, puesto que la investigación judicial está en manos de la Policía Nacional.

Interior toma esta decisión después de que la juez que investiga la muerte de Juan Andrés Benítez haya imputado a los agentes por presuntos delitos contra la integridad moral, contra la vida, obstrucción a la justicia y coacciones.

Ha indicado que si hubiera apartado a los agentes el jueves, cuando compareció ante la prensa, hubiera sido "profundamente injusto" y la decisión hubiera sido precipitada con la información que tenían, aunque entiende que se le cuestione por no haber actuado antes.

"Si quien tiene más información del caso, que es la autoridad judicial, llega a la conclusión de que hay que hacer estas imputaciones, nosotros, en coherencia con lo que dijimos, actuamos con esta contundencia", ha valorado Espadaler.

Ha asegurado que toman esta medida cautelar por "coherencia" con las declaraciones del jueves, cuando Espadaler compareció junto al director de los Mossos, Manel Prat, y del comisario jefe, Josep Lluís Trapero, que dijeron que si había una imputación o se conocían nuevos detalles actuarían en consecuencia.

"Rigor y firmeza"

Por ello, ha destacado que han tomado la decisión "con pulcritud, rigor, firmeza y contundencia", una vez se ha imputado a los agentes, de manera meditada, ha indicado.

El conseller no ha concretado si les retiran el sueldo, pero ha declarado que "quedan apartados del servicio y del trabajo" y ha puntualizado que antes de apartarlos han tenido en cuenta la gravedad de los delitos.

Ha evitado pronunciarse sobre si cree que hubo mala praxis y ha recordado que "una imputación no es una sentencia", y que ahora queda todo un proceso judicial por delante.