Cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España han presentado este mediodía en el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma local aprobada por el Gobierno para intentar así frenar "el mayor ataque que se ha cometido en la democracia contra el municipalismo".

El vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, acompañado por el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, y de alcaldes de todas las formaciones políticas, a excepción del PP, ha destacado a las puertas del Constitucional antes de presentar el recurso que "nunca hubo un ataque al municipalismo como el que se atrevió hacer el Gobierno de Rajoy".

"Hoy conjuntamente casi tres mil alcaldes de toda España, representando a 17 millones de ciudadanos ponemos un recurso para tratar de frenar este ataque al municipalismo" que "va a tener enormes y negativas consecuencias para millones de españoles".

En opinión de Caballero, no se trata de un "conflicto de luchas de poder, sino en defensa de los ciudadanos" porque, a su juicio, es necesario que los consistorios de toda España puedan "seguir manteniendo las políticas sociales" y defendiendo a los que la crisis "está golpeando más duramente".

Ha criticado que el Gobierno no quiera que los alcaldes actúen a favor de los intereses de los ciudadanos, porque es una ley que "dualiza" el país y va a hacer que no se puedan seguir aplicando desde los consistorios políticas sociales, de empleo o de apoyo a la educación porque no "habrá recursos, ni capacidad, ni competencias para hacerlo".

Caballero, que ha mostrado "la inmensa y enorme confianza" que tienen en este recurso, se ha referido a los numerosos alcaldes del PP que hoy "querrían estar aquí" pero que no pueden por "su propia estructura política".

Tras reiterar que están en riesgo "multitud de políticas municipales" y asegurar que la reforma local generará "más miseria, más dificultad y menos progresismo", el vicepresidente de la FEMP ha mostrado su deseo para que el TC "tramite con celeridad" el recurso y dé "luz verde" a los ayuntamientos para seguir defendiendo a millones de españoles.

En línea con lo dicho por Caballero, el alcalde de Lleida, Ángel Ros, del PSC, ha dicho que "no es un recurso de competencias entre administraciones sino en favor de que los ciudadanos puedan seguir recibiendo sus servicios de atención social, de educación, de promoción económica o de fomento del empleo".

Ros ha asegurado que los ayuntamientos "son hoy imprescindibles en la prestación de servicios a los ciudadanos" y "ninguna ley puede impedir que se presten".

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura (IU), que ha lamentado el tener que llegar con la reforma local hasta el TC por la "cerrazón del PP al querer aplicar una ley" dirigida "contra todos", ha destacado la importancia que tiene el que cerca de 3.000 consistorios se hayan unido para "decir basta" al Gobierno con este recurso.

El alcalde de Longares (Aragón), Miguel Jaime, de Chunta Aragonesista, ha apuntado que a pesar de que los ayuntamientos han sido la administración que mejor ha funcionado al cerrar las cuentas de 2013 con superávit, el Gobierno decidió utilizar a los consistorios de una "manera falaz" para mandar a Europa una reforma que sólo quita "competencias a los ayuntamientos".

El alcalde de Roses, Carles Pàramo (CiU), ha calificado la reforma como un "acto de deslealtad profunda a la ciudadanía española" al "cargarse la autonomía" de los ayuntamientos porque "se recorta la capacidad para administrar y organizar" las ciudades de la manera "más eficaz".

Asimismo, Pàramo ha asegurado que "muchos alcaldes del PP" les han pedido que presenten este recurso porque ellos "no se atreven".

El presidente del Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña, Miguel Buch, ha destacado que de los cerca de 3.000 ayuntamientos que han presentado el recurso, más de 850 pertenecen a Cataluña y ha subrayado que "el partido" lo están ganando "cuatro a cero" y están "en los minutos de descuento".