La Policía Nacional ha iniciado una operación en Cádiz, Málaga y Almería denominada Edu Costa que hasta el momento se ha saldado con 17 detenciones, aunque afectará en los próximos días a unas 90 personas y 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros.
La operación Edu Costa, continuación de la Edu, está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y se puede prolongar varios días con más arrestos y registros.
Entre las personas imputadas y detenidas se encuentran varios cargos públicos municipales del PSOE y del PP, caso de las exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez y el concejal del PSOE de Roquetas de Mar (Almería) Juan Fernando Ortega Paniagua.
Sánchez, que ya fue condenada a dos años de cárcel por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales, ha declarado durante ocho minutos con relación a supuestas irregularidades en unos cursos de formación que solicitó Mercajerez, una sociedad mixta que ella presidía como alcaldesa, aunque las gestión correspondía al vicepresidente y al gerente.
Juan Fernando Ortega, que según el PSOE renunciará a su acta de concejal y a la militancia, ha confirmado su imputación, así como la de su exmujer y su hija.
En la provincia de Cádiz la Policía ha interrogado a numerosos testigos, muchos de ellos alumnos y profesores, y está investigando a la empresa Codenet, que obtuvo ayudas para unos cursos que impartió en el 2010 y que hoy ha negado "categóricamente" haber cometido "irregularidad alguna".
En Málaga, la investigación afecta a diez empresas y los arrestos que se están practicado están relacionados con una convocatoria de ayudas de noviembre del 2010, entre ellos alumnos, profesores y empresarios.
La operación Edu contra el fraude en los cursos de formación activada este martes comenzó en abril del 2014 con una investigación iniciada por la UDEF, tras una denuncia de la Seguridad Social en la que se han visto implicados decenas de empresarios y políticos que, según los investigadores, habrían defraudado unos 2.000 millones de euros.
La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre del 2010, un caso que se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas, y que afectaría a un gran número de empresarios.
La Policía aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos y suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza para "inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia".
Tras conocerse la operación policial, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha declarado a los periodistas: "A quien haya defraudado a la administración pública, que lo crujan" y, además, "cuanto antes".
No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha opinado que la nueva fase de la operación Edu se centra en empresarios y no en la Junta, cuya colaboración con la Justicia ha reiterado.
El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha confiado en que "los procedimientos electorales no distorsionen la marcha de los procedimientos judiciales" y ha pedido la "colaboración plena" de la Junta en el caso.
Para el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, la nueva operación policial "da la razón" a su formación sobre en la necesidad de investigar estas actuaciones.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha considerado que causa "estupor, pena y tristeza" que los fondos para formación sean mal empleados porque iban destinados a los desempleados.
