La fiscalía anticorrupción imputa a los principales acusados del caso Nóos dos grandes hechos delictivos: el desvío de fondos públicos cometido gracias a la prevaricación y las falsedades documentales y el fraude a las Administraciones Públicas al otorgar contratos y encargar prestaciones sin concurso público y sin respetar las normas de contratación. También se dan casos de acusados a los que se les imputa otros hechos, como delitos fiscales, tráfico de influencias o estafas y entre ellos se halla la infanta para la que únicamente pide condena el sindicato de funcionarios Manos Limpias.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach acusa por el presunto desvío de 1,2 millones de euros del Govern balear de Jaume Matas a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, con ocasión del foro sobre turismo y deporte Illes Balears Forum de 2005. Horrach encuadra esos hechos en un delito de prevaricación, otro de fraude a la Administración, y otro de falsedad documental en documentos mercantiles y el último y principal: una malversación de caudales públicos.
El fiscal explica que la prevaricación se deriva del convenio entre el Govern del PP y el Instituto Nóos, en julio del 2005, porque se hizo gracias «a la omisión deliberada del procedimiento administrativo previo y preceptivo (de contratación)». El fraude público nace «del concierto previo entre los responsables políticos y los representantes del Instituto Nóos para beneficiar a esa asociación». La malversación es por las cantidades sustraídas al erario público de las que se apropiaron los representantes de Nóos en relación al convenio de colaboración del 17 de julio del 2005. Por último, la falsedad en documento mercantil se deriva de «las facturas simuladas cruzadas entre las distintas entidades del grupo Nóos, como instrumento del desvío y ocultación de los fondos públicos (desviados)».
La técnica jurídico penal obliga a perfilar al máximo el grado de participación de los acusados en cada hecho delictivo. Así algunos figuran como autores directos, cooperadores necesarios o cómplices. A la hora de establecerse las peticiones de condena en este tipo de delitos cabe también tener en cuenta la condición o no de funcionario público del acusado. También es muy importante la figura del delito continuado, que se da cuando las acusaciones entienden que, en este caso, unos desvíos de fondos están relacionados con otros. Así todos los hechos se agrupan y se reclaman condenas para los principales acusados por malversar caudales gracias a varios contratos o convenios.
Urdangarin está acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública por sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008. Diego Torres, por su parte, se enfrenta a una acusación por un supuesto delito fiscal, mientras que Manos Limpias imputa a Cristina de Borbón el ser cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda Pública de su marido. La Fiscalía y el resto de acusaciones, especialmente Manos Limpias „que es la única que pide condena para los 18 acusados„ siguen este mismo sistema de valoración penal en el resto de los hechos.
Estafa en Valencia
La conclusión son las penas y así, para Diego Torres, la Fiscalía solicita un total de 16,5 años de cárcel por cinco delitos diferentes: continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación y falsedades de documento público y privado; continuado de fraude a la Administración; continuado de estafa y falsedad de documento mercantil; contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
La acusación de estafa se deriva «del uso de artificios (facturas falsas) para conseguir un desplazamiento patrimonial (de fondos) desde la Administración pública valenciana al Instituto Nóos (...) en relación al proyecto de los Juegos Europeos».
