Podemos ha retocado en su programa de gobierno el polémico inciso en el que proponía que los miembros del Consejo General del Poder y del Tribunal Constitucional fueran nombrados con criterios de mérito y capacidad pero también de "compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar".

Una propuesta que había provocado duras críticas desde las asociaciones de jueces y fiscales, que consideraban que este documento atacaba la independencia judicial.

En la nueva redacción, Podemos mantiene que su elección "deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio".

Para el partido, existen una serie de responsabilidades "clave" cuya especial relevancia en la ejecución de las políticas públicas que deben acordarse en un futuro Gobierno "exige un consenso en la elección y selección de las personas destinadas a ocuparlas".

"El nombramiento de estos cargos atenderá a criterios de mérito y capacidad, entre personal funcionario o personalidades independientes de reconocido prestigio y solvencia profesional", subraya Podemos que, a renglón seguido, añade que "los equipos de gobierno" estarán compuestos por personas capaces "pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya se había mostrado dispuesto a retocar su programa de gobierno después de los reproches que le habían llegado del mundo judicial, y había negado que la intención de su partido fuera acabar con la separación de poderes.

Iglesias había explicado que su oferta de gobierno es un "documento de trabajo" que es susceptible de cambios y para ello ya se habían puesto a trabajar los diputados de Podemos y jueces en excedencia Juan Pedro Yllanes y Victoria Rosell.

Cambio en la Secretaria de Lucha contra la Corrupción

Además, Podemos ha publicado una versión corregida de su propuesta de Gobierno, en la que ya no especifica que la Secretaria de Estado de Lucha contra la Corrupción que pretende crear la formación tenga como labor coordinar a "policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración" que se dediquen a investigar la corrupción.

El nuevo texto ya sólo establece que una de las funciones de esta nueva Secretaría de Estado anticorrupción deberá ser "la especialización y coordinación y coordinación de aquellos agentes de la Administración implicados en su descubrimiento e investigación".

De este modo, en la nueva versión del documento 'Bases políticas para un gobierno estable y con garantías', recogida por Europa Press, se ha eliminado de dicho punto el paréntesis que aparecía a continuación, en el que se hacía referencia explícita a "policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración".