Un año después de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, el país se encuentra a apenas dos semanas de arrancar su tercera campaña electoral en poco más de doce meses. Se trata, además, de un proceso inédito: la repetición de los comicios generales celebrados el 20D, después de que los cuatro grandes partidos entre los que quedó repartido el grueso de la representación parlamentaria hayan sido incapaces de configurar una mayoría de gobierno.
Aquel 24 de mayo supuso un auténtico vuelco en la distribución del poder local y autonómico que hasta entonces controlaba de forma abrumadora el PP. Tras aquella jornada, los populares perdieron las grandes capitales „Madrid y Valencia entre ellas„ y conservaron solo cuatro comunidades autónomas „Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León„ de las que estaban en disputa, pero en ningún caso con la mayoría absoluta de la que disfrutaban hasta ese momento.
Coaliciones
El PSOE recuperó gran parte del poder autonómico „Comunitat Valenciana, Balears, Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura„ pero siempre en coalición o con la necesidad de apoyos externos. Sin embargo, los grandes ayuntamientos „Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña...„ quedaron en manos de las fuerzas de lo que podrían denominarse nuevas izquierdas en sus diferentes variantes: Podemos, las confluencias, Compromís...
Ese cambio, sin embargo, no tuvo su equivalente en las elecciones generales del 20 de diciembre, cuando el PP volvió a ganar, si bien de forma insuficiente para formar gobierno. Si la gestión de apenas unos meses de las nuevas Administraciones influyó o no en el voto de diciembre es algo que no ha sido aclarado por los grandes gurús demoscópicos.
Oposición implacable
Lo que sí ha resultado evidente es que los nuevos gobiernos autonómicos y consistorios han sido objeto de un escrutinio implacable por parte del PP, en su búsqueda de argumentos para desacreditar a sus oponentes y para cargarse de razones en la campaña que se avecina y que se augura mucho más dura y polarizada que la anterior. No obstante ese acoso y las discrepancias ocasionales entre los diferentes socios, las Adminisraciones surgidas del 24M han conseguido una cierta estabilidad.
En el caso de las comunidades autónomas, el principal escollo ha sido el de confeccionar los presupuestos en un escenario de crisis, con los ingresos disminuídos cuando no estrangulados por la mano del ministro de Hacienda en función de un sistema de financiación autonómica que deja amplio margen de discrecionalidad al Gobierno central. Los rigores de la lucha contra el déficit y el plan de estabilidad presupuestaria provocaron la rebelión de casi todas las autonomías, incluídas las gobernadas por el PP.
Intervención «de facto»
De hecho, en estos momentos Extramadura y Aragón están intervenidas de facto por el Gobierno con el control directo de sus pagos, y sobre Balears y la Comunitat Valenciana pende la amenaza de una medida similar. Esas estrecheces económicas han condicionado la gestión de los nuevos gobiernos, que imposibilitados de afrontar nuevas inversiones han tenido que optar por medidas sociales y políticas poco menos que de coste cero para hacer visible, al menos, el cambio de partido y de prioridades de gobierno.
En el plano estrictamente político, resulta llamativo que el entendimiento „más o menos forzado, más o menos real„ entre diferentes fuerzas de la izquierda en las comunidades autónomas no se ha trasladado al escenario nacional. Mientras Podemos se mantiene rehacio a entrar directamente en el gobierno por temor al desgaste de la gestión, los barones territoriales socialistas han marcado a Pedro Sánchez las líneas rojas, experimentados con los condicionantes que en sus respectivas autonomías les supone el apoyo externo de la formación morada.
Gobiernos municipales
En los nuevos ayuntameintos, la situación es, en la mayoría de los casos, a la inversa. En Madrid, Barcelona o Valencia „por mencionar solo los tres más importantes„ gobiernan alcaldesas o alcaldes de la nueva izquierda con apoyo del PSOE. Esta misma semana, el PSC se ha incorporado al equipo de gobierno de Ada Colau en Barcelona, aunque participa desde el primer momento en el gobierno municipal de Valencia.
Estos municipios se han convertido en el principal escaparate de las nuevas formas de gestionar de quienes han llegado al poder con la promesa de cambiar las formas de ejercer la política. Porque además, el hecho de ser las principales capitales les ha otorgado. -para bien y para mal- un altavoz mediático aprovechado por todas las fuerzas en liza para arrimar el ascua a sus respectivas sardinas.
En el capítulo municipal, los condicionantes económicos también han resultado decisivos en el arranque de la nueva legislatura. Queda por cmprobar, sin embargo, si en el ánimo de los electores pesan más los cambios de formas que los clamorosos errores políticos cometidos desde algunos de esos consistorios, fruto, bien de la bisoñez de los nuevos responsables, bien de una forma de ejercer la política más propia de las barricadas que de la administración del interés general.
