El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente disciplinario a la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell por la posible comisión de una falta muy grave de desatención al intervenir en un procedimiento en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrrero, ha acordado hoy la incoación del expediente a la magistrada como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, informa el órgano de gobierno de los jueces.
El expediente tiene su origen en una comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo que el pasado 8 de abril remitió al CGPJ un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por un abogado.
El mismo denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.
La Fiscalía del alto tribunal, tras analizar la denuncia, no apreció elementos de entidad jurídico penal suficientes para incoar diligencias de investigación penal y acordó su archivo, pero la remitió al CGPJ por si de la misma pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria.
El promotor ha estudiado el contenido de la denuncia, ha recabado el informe del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 8 de las Palmas, ha solicitado alegaciones a la magistrada denunciada y ha practicado otras diligencias.
En su acuerdo concluye que la jueza Rosell pudo incurrir en una falta muy grave de desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013.
En un auto de 6 de noviembre de 2013, la jueza Rosell acordó la inadmisión de la recusación y dispuso que hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resolviera el incidente fuera otro magistrado quien continuara la tramitación de las diligencias penales.
La recusación fue finalmente resuelta el 11 de mayo de 2015 por la Audiencia de Las Palmas, que la rechazó y tres días después devolvió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ señala en su acuerdo que, entre los días 6 de noviembre de 2013, fecha en la que la jueza inadmitió la recusación, y el 14 de mayo de 2015, en la que la Audiencia devolvió las actuaciones al Juzgado, "la magistrada Victoria Rosell intervino en la tramitación de la causa en la que había sido recusada".
Agrega que lo hizo "estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia Provincial de Las Palmas".
Esa intervención se produjo concretamente en las comparecencias para declaración del investigado, el abogado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014, añade el promotor.
La resolución ha sido ya notificada a la magistrada expedientada, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado.
