El TSJC anunciaba el pasado diciembre de 2014 la apertura de una investigación a Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau por organizar la consulta alternativa del 9N.

Los magistrados admitían entonces a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado en la que se les acusaba de presuntos delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que se consideran que no hicieron caso a las resoluciones del Tribunal Constitucional y permitieron las votaciones.

El Tribunal destacó que en su día el presidente catalán "se responsabilizó públicamente" por la celebración del 9N

El TC suspendió el 4 de noviembre de 2015 por unanimidad la consulta soberanista alternativa convocada por la Generalitat tras admitir a trámite el recurso que el Gobierno presentó contra esta convocatoria.

Desde la apertura de la investigación a finales de 2014, la TSJC ha celebrado varias sesiones en donde han testificado principalmente inspectores de educación y representantes de la Consejería de Educación ya que estos son los que hablaron con los centros para abrir los colegios y celebrar así la consulta.