El juez Fernando Grande-Marlaska autorizó en octubre de 2005 las intervenciones telefónicas de Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll muerto en la explosión de Alcanar y presunto cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, ante las sospechas fundadas de la Policía Nacional sobre su carácter radical salafista, con posibles vinculaciones con grupos terroristas integrados en Al Qaeda. El auto, recogido por el periódico ABC, refrenda las informaciones adelantadas por Levante-EMV, en las que ya se advertía que esta persona, condenada únicamente por un delito de tráfico de drogas en 2012, había sido investigada por los servicios de información y había figurado en los ficheros de prisiones FIES para presos de especial seguimiento.
Aunque fuentes del Ministerio del Interior aseguran que no tienen constancia de ello, funcionarios de prisiones afirman que durante los dos años en los que Es Satty estuvo ingresado en el centro penitenciario de Castelló I, éste recibió varias visitas de la policía. No obstante, después de este seguimiento se determinó que no había indicios de radicalización.
De hecho, en su estancia en prisión el reo demostró una conducta ejemplar, llevando una vida ordinaria y pasando totalmente desapercibido, como ya informó este periódico. Esto le sirvió para que entre 2013 y 2014 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castelló le concediera hasta tres permisos de salida, a instancias del propio centro penitenciario, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En el momento de los atentados no pesaba sobre él ningún tipo de investigación pese a que desde la localidad belga de Vilvoorde, donde viajó en 2016 para buscar trabajo en la mezquita, la policía envió un correo electrónico a un mando del área de Información de los Mossos d´Esquadra para pedirle que hiciera averiguaciones sobre Es Satty al despertar recelos su conducta entre la comunidad musulmana del lugar.
El responsable del centro religioso islámico de Diegem (Bélgica) recuerda que al observar en él «un actitud rígida y extrema» le pidieron documentos que acreditasen la ausencia de antecedentes en España y éste no los aportó. Esto coincide con la versión de un funcionario de una oficina pública de Castelló que asegura haber atendido a Abdelbaki Es Satty a principios de agosto del pasado año cuando acudió para solicitar que le borraran los antecedentes porque iba a viajar a Bélgica, como informó en exclusiva este periódico. Junto a su documentación portaba la orden de expulsión del país ya cancelada por un juez de Castelló, así como papeles en los que figuraba que había sido sometido a seguimiento, con las comunicaciones intervenidas, por su supuesto carácter radical salafista. «Quería que se lo borrara todo, pero le dije que aquí no se podía y lo envié a Vigilancia Penitenciaria», sostiene este testigo.
Las citadas intervenciones telefónicas se remontarían al año 2005, fruto de la llamada «Operación Camaleón» abierta tras los atentados en el restaurante de la Casa de España en Casablanca. «No se descarta que pudiera actuar como intermediario a la hora de dar apoyo logístico para las redes terroristas», esgrimía la policía solicitando al juez las escuchas.
