La ofesiva soberanista en Cataluña ha reactivado el activismo de las bases más radicales del PNV y ha empezado a poner en aprietos a sus dirigentes. La decisión de los nacionalistas vascos de frenar en seco la negociación de los Presupuestos Generales de Estado es un síntoma del nuevo clima político que empieza a respirarse en los círculos independentistas de Euskadi.

La dirección jeltzale se ecuentra en estos momentos con la imposibilidad de presentarse ante su propia parroquia de la mano de un PP que ha optado por la mano dura contra los nacionalistas catalanes, hermanos de toda la vida desde la lucha contra la dictadura. Curiosamente, la presión sobre el PNV no se hace notar tanto desde los sectores de la izquierda abertzale como desde sus propias filas.

En efecto, quienes más activos se han mostrado en esta nueva deriva en público han sido los dirigentes del sindicato ELA, históricamente vinculado a los nacionalistas democristianos, y no de los de LAB, más cercano al mudo de Batasuna. Ayer mismo, ambos sindicatos presentaron una campaña conjunta en favor del la celebración del referéndum del 1 de octubre y el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, aseguró que al lehendakari Urkullu «se le nota demasiado que no está de acuerdo con el proceso catalán». Al mismo tiempo que advirtió de que «el derecho a decidir del pueblo vasco y catalán solo se puede conseguir mediante la confrontación democrática, que el lehendakari rehúye».

Esa presión ha llegado ya incluso al punto de que la sede del partido en la localidad guipuzcoana de Arrasate amaneció ayer con pintadas que acusan a Urkullu de «colaboracionista» y a favor de la independencia de Cataluña. Pero ejemplifica muy bien las razones por las que el PNV ha endurecido su discurso frente al Gobierno del PP.

Si el primer aldabonazo llegó de la mano del portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, anunciando la paralización de las negociaciones presupuestarias, el jueves, durante el debate sobre política general en el Parlamento Vasco, el lehendakari reclamó un nuevo estatus en las relaciones entre Euskadi y el Estado. Pero ayer ese discurso se endureció de forma sensible por boca del portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, quien reclamó al Gobierno central las 37 competencias pendientes de transferir y le acusó de «ningunear la singularidad histórico-política de Euskadi».

El conflicto catalán amenaza así con trasladar la inestabilidad a un País Vasco que aún se cura de las heridas de la violencia.