La hoja de ruta de los soberanistas catalanes apuesta, tras una declaración unilateral de independencia (DUI), por desatar "un conflicto de amplio apoyo ciudadano", orientado a "generar inestabilidad política y económica" para forzar al Gobierno a negociar una separación o un referéndum pactado.
Se trata de una de las claves que recoge el documento 'EnfoCATs Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica', intervenido el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil en el registro del domicilio del número dos de Economía, Josep Maria Jové Lladó, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
El documento, que no está fechado, establece "claramente" el camino diseñado por Junts Pel Sí tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y que "se corresponde perfectamente con todos los pasos que hasta el momento viene ejecutando el Gobierno de la Generalitat" con distintas estrategias y escenarios que desembocan en un objetivo final: la creación de un Estado propio.
La declaración unilateral de independencia "generará un conflicto que bien gestionado puede llevar a un estado propio" porque, según los investigadores, "el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum pero si lo ve todo perdido, lo hará hacer para que lo perdamos".
Un comité estratégico
Todo este plan estaría gestionado por un comité estratégico formado por el presidente y vicepresidente del Govern, miembros de grupos parlamentarios independentistas, además de los presidentes y vicepresidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium y Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), entre otros.
Y también por un comité ejecutivo con los secretarios generales de presidencia y vicepresidencia (el propio Jové), los directores de las oficina de desarrollo del autogobierno, y expertos más consejeros adjuntos ad hoc según la temática a tratar.
Esta hoja de ruta establece tres objetivos para lograr su fin: sumar mayorías (base social, consenso político y credibilidad internacional), inspirar confianza (proceso democrático, comunicación clara y participación ciudadana) y trabajar con garantías de éxito (estructuras de estado, leyes de desconexión, un plan de separación acordado con el Estado, otro ante una eventual desconexión forzosa y uno para el reconocimiento internacional).
Sobre este último punto, advierte de que "precipitar una declaración unilateral de independencia sin haber trabajado a fondo estos valores la haría poco atractiva a los ojos de la comunidad internacional", aunque el reconocimiento pasa por un efecto dominó que comenzaría en los países nórdicos y pequeños de Centroeuropa.
Para lograr sus fines, apuesta por un discurso basado en las razones emocionales y racionales de un estado propio más que en los agravios de España y con una estrategia de comunicación compartida por todos los actores soberanistas que aboga, entre otras acciones, por captar a los indecisos pasando del "mejor unidos" al "mejor amigos", y de "romper España" a "ayudar a España".
El documento reconoce que para crear el estado propio es preciso dotarse de estructuras que pasan por las ya existentes (Mossos, CTTI, infraestructuras básicas) y nuevas (hacienda propia, agencia de protección social, poder judicial).
"Hemos de asegurar el funcionamiento mínimo imprescindible de todas las estructuras de estado necesarias para gestionar la desconexión", agrega el texto.
La Guardia Civil destaca la importancia del plan de actuación en caso de desconexión forzosa que debería "comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado".
Para ello, los contenidos son "seguridad ciudadana e infraestructuras estratégicas controladas", funcionamiento del tejido industrial con las empresas catalanas y extranjeras implantadas en Cataluña y la máxima estabilidad administrativa.
"El objetivo es que la gente sepa que existe, que es ejecutable y que bien gestionado acabará comportando o el reconocimiento internacional o un referéndum forzado con el Estado", dicen los investigadores, que añaden que el texto precisa que este plan de desconexión forzosa "no se ha de hacer público con detalle".
Todo ello con un calendario planificado para lograr la independencia que establece la creación de un gobierno de transición que llegaría en septiembre de 2018 siempre que se garantice una mayoría independentista con la que podría formarse un gobierno de independencia en septiembre de 2022 "pero que podría declarar la independencia el día después de su constitución o el día anterior a su disolución".
Los mensajes de Cuixart y Sànchez
La continuidad y contenido de los mensajes publicados por las cuentas oficiales en Twitter de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cruixat en las horas anteriores al pasado 1 de octubre y durante dicha jornada tuvieron "un papel decisivo en el mantenimiento de la resistencia por parte de los congregados en los diferentes puntos de votación".
Así se señala en las conclusiones de una diligencia que obra en el atestado que el pasado viernes la Guardia Civil entregó a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el marco de la causa que investiga a ambos dirigentes, al mayor de los Mossos D'Esquadra Josep Lluís Trapero y a una de sus subordinadas por delitos de sedición relacionados con las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona y con la celebración del referéndum ilegal.
Tras el análisis de los mensajes publicados por ambos la Guardia Civil concluye que ANC, Ómnium y sus dirigentes utilizaron Twitter para lanzar unos mensajes que, si bien apelaban a una resistencia 'pacífica', no dejan de ser una "resistencia que dificultó, cuando no impidió, la actuación de los cuerpos policiales para el cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", dirigido a impedir la celebración de la consulta ilegal.
La labor de los Mosos d'Esquadra
Además, la Guardia Civil acusa al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, de inacción en el referéndum del 1-O en Cataluña y de responder con ello a un plan premeditado "en conexión directa" con Puigdedmont y Junqueras.
Así consta en el informe que el instituto armado ha remitido a la Audiencia Nacional con motivo de la causa abierta por un presunto delito de sedición contra Trapero, entre otros.
El informe sitúa a Trapero dentro del organigrama diseñado por la Generalitat de Cataluña para conseguir la independencia de esa comunidad autónoma, tras incautar el documento 'EnfoCats. Reenfocat el procés d'independencia per a un resultat exitós', durante el registro del domicilio particular de Jové.
El documento de la Guardia Civil, al que tuvo acceso Europa Press, continúa diciendo que en el "Comité Ejecutivo se incluyen los secretarios generales de presidencia y vicepresidencia, entre ellos José María Jové, los directores de las oficinas de desarrollo de autogobierno, profesionales expertos en los distintos ámbitos del proyecto, donde indudablemente se encuentra la figura de Josep Lluis Trapero y consejeros o secretarios generales ad hoc según las temáticas a tratar".
Los Mossos, "brazo ejecutor"
La Guardia civil acusa ante la Audiencia Nacional a los Mossos d'Esquadra de mantener en el mejor de los casos una "actitud pasiva" ante la concentración de un elevado número de personas frente a los centros en los que se desarrolló el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. En algunos casos los mossos evitaron intervenir cuando los agentes del instituto armado eran agredidos "llegando incluso a increpar a algunos de los agentes" en otras ocasiones.
Según este informe, en todas estos incidentes se detectan dos elementos comunes: la concentración de un elevado número de personas "que, ofreciendo resistencia, trataban de impedir el acceso de la fuerza policial a los distintos centros de los que se estaban llevando a cabo las votaciones", y la actitud pasiva exhibida por los Mossos d'Esquadra.
"Esa inacción flagrante de los Mossos no es arbitraria, sino que corresponde al papel que ese cuerpo policial juega en la estrategia hacia la independencia como brazo ejecutor de las tareas que le encomienda el comité estratégico", resalta el atestado en sus conclusiones.
