El Gobierno ha abierto hoy la puerta a activar el artículo 155 de la Constitución con el requerimiento que ha enviado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que confirme si ayer declaró la independencia de Cataluña

La aplicación del artículo 155 de la Constitución requiere de una serie de pasos previos hasta su aprobación definitiva en el Senado, donde tiene que ser ratificado por mayoría absoluta.

No tendría ningún problema el Gobierno para que saliera adelante esa aprobación ya que el PP tiene en la Cámara Alta mayoría absoluta, que es la que se requiere, y posiblemente podría contar también con el respaldo del PSOE, que ha mostrado su apoyo a la respuesta del Ejecutivo ante el desafío independentista.

Pero, ¿qué pasará tras su aprobación?

El artículo 155 da mucho margen al Gobierno para adoptar las medidas que considere necesarias, siempre y cuando cuente con la aprobación del Senado. Esta norma permite desde controlar las finanzas de la Generalitat hasta destituir cargos o provocar la disolución del Parlament.

Al contrario de lo que muchos creen, el 155 no permite suspender la autonomía. Sin embargo, ésta quedaría muy limitada al ser controlada por el Estado, al menos en una parte.

Si la Generalitat mantiene su desobediencia, el artículo 155 podrá aplicarse de manera progresiva. Una de las medidas que podría adoptar el Gobierno, y que más cerca está, es la de asumir las competencias de los Mossos.

Pero como el Gobierno no podría controlar la autonomía con el actual Govern, la primera gran medida consistiría en la sustitución del Ejecutivo catalán, incluido Puigdemont. La gestión del Gobierno catalán podría llevarse a cabo desde entonces a través de una gestora.

La siguiente gran medida podría consistir en disolver el Parlament, cesando sus actividades parlamentarias y sustituyendo a la presidenta de la Cámara.

Finalmente, el último escenario posible tras la aprobación de este artículo sería la convocatoria de elecciones. De esta forma, los votantes catalanes elegirían lo antes posible un nuevo Gobierno.

Estas intervenciones serían puntuales y durarían hasta que el Gobierno considere que se ha restaurado la legalidad en Cataluña.