El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".
En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".
Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".
Por su parte, los exconsejeros del PDeCat Josep Rull, Jordi Turull y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez piden comparecer ante Llarena y solicitan su excarcelación al entender que no se cumplen ninguno de los supuestos de la prisión preventiva decretada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por su implicación en la deriva soberanista catalana.
Así lo ha formulado su letrado en un escrito presentado en el alto tribunal en el que también reivindica, en el caso de los exconsejeros encarcelados del PDeCAT, que se anule la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por la juez Lamela contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros por la celebración del referéndum catalán ilegal el pasado 1 de octubre, según han informado fuentes de la defensa.
La vista en la Audiencia Nacional, el lunes
Por su parte, la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo lunes la vista de los recursos contra la prisión del exvicepresidente catalán y los otros 7 consellers encarcelados, después de que el Tribunal Supremo haya asumido la causa contra ellos.
Según han informado fuentes jurídicas, la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto deliberar ese día los recursos de apelación, dado que hasta el momento las defensas no han desistido de ellos, por lo que siguen su curso en el tribunal.
No obstante, las defensas de los exconsellers y los líderes de las entidades soberanistas encarcelados por orden de la Audiencia Nacional, los conocidos como los "Jordis", y cuya causa asume ahora el Tribunal Supremo, anunciaron ayer que presentarían un escrito ante alto tribunal para pedir que se les cite allí a declarar de nuevo como investigados para poder recuperar la libertad provisional.
En el marco de esta nueva iniciativa, los abogados anunciaron también que pedirán retirar los recursos de apelación que presentaron la semana pasada ante la Audiencia Nacional contra la orden de la juez Lamela de enviarlos a prisión preventiva, por lo que la sección segunda, que el 8 de noviembre ratificó la prisión de los "Jordis", no tendría finalmente que pronunciarse al respecto.
Además de esta apelación, el viernes, la misma Sala, tiene previsto estudiar los recursos contra la admisión a trámite de la querella que interpuso la Fiscalía ante la Audiencia Nacional por delitos de rebelión, sedición y malversación y que la juez Lamela acordó investigar, lo que llevó a la imputación de 14 miembros del Govern cesado, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica junto a otros cuatro exconsellers.
Dado que esta parte de la causa ha sido ya remitida al juez del Supremo Pablo Llarena, que investigaba ya a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y a seis miembros de la Mesa, cabe la posibilidad de que la Audiencia Nacional considere que ha decaído el objeto del recurso, según las fuentes jurídicas.
Las defensas: "No hay riesgo de fuga"
Llarena decidió el pasado 9 de noviembre dejar en libertad bajo fianza a Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS, tras una comparecencia en la que afirmaron acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se comprometieron a mantener su actividad política dentro del marco constitucional.
Ante el nuevo escenario procesal abierto, las defensas de los exconsellers encarcelados y las de Jordi Sànchez -expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)- y Jordi Cuixart -presidente de Òmnium Cultural- pedirán volver a declarar para argumentar ante el Supremo que no existe el riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas en que Lamela se basó para encarcelarlos.
Los investigados -que concurren a las elecciones del 21D, excepto en los casos de la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs y Jordi Cuixart- pretenden aducir también ante el Supremo que permanecer en prisión mientras transcurre la campaña electoral supone una vulneración de su derecho y el de los ciudadanos a la participación política, han señalado las mismas fuentes.
De hecho, los abogados piensan demostrarlo ante el Supremo con una copia del Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado que publicaba las candidaturas de ERC y Junts per Catalunya -liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont-, en las que concurren los investigados.
