Hallan la agenda con la hoja de ruta independentista

El informe, fechado el 28 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, se remitió al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y en el mismo se hace referencia al "indicio 8", en alusión a la "agenda grande de color negro de tamaño medio con la inscripción Moleskine".

En el informe aparecen unas conclusiones sobre estas anotaciones fechadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 respecto a: "la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia para alcanzar la República catalana"; "el referéndum de independencia"; "estructuras de Estado"; "leyes de desconexión" y "estrategia de desobediencia".

"Se trata de una agenda que arranca el 12.02.2015 con anotaciones sobre estrategias políticas de ERC, pactos con CiU y CUP, recoge lo que se denomina ideas de fuerza, hoja de ruta y programa", señala en su informe el instituto armado, que también halló el 20 de septiembre el documento Enfocats por el que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido que se amplíe la investigación que afecta al comité de dirección del procés.

El comité estratégico está siendo objeto de investigación judicial por el papel que desempeñaron los diferentes actores que formaban presuntamente parte de este órgano, entre los que figuraban según la Guardia Civil el presidente Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y otros altos cargos y dirigentes políticos, además de representantes de las entidades soberanistas ANC, Omnium y AMI.

La CUP exigió que el Govern les avisase si Mossos iban a detener a sus cargos

Por otra parte, el contenido de la agenda de Lladó también desvela que la CUP exigió en noviembre de 2016 al Govern, en plena negociación sobre su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, que el ejecutivo les avisase si los Mossos d'Esquadra iban a detener a cargos del partido anticapitalista, tras la polémica por el arresto de la alcaldesa de Berga (Barcelona).

Esta exigencia de la CUP se produjo en una reunión mantenida el 8 de noviembre de 2016, cuatro días después de que el 4 de noviembre los Mossos d'Esquadra detuvieran a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), por no acudir en dos ocasiones a una citación judicial por negarse a retirar la estelada de un balcón del consistorio durante la campaña de las elecciones del 27S y el 20D.

En sus anotaciones, bajo el título "War Room" (Habitación de Guerra), Lladó detalla que en la reunión entre miembros del Govern y la CUP del 8 de noviembre se analizó la situación generada tras la detención de Venturós, que tensó la relación entre el ejecutivo catalán y la formación anticapitalista en plena negociación de los presupuestos de la Generalitat.

Los representantes del Govern trasladaron en la reunión a la diputada de la CUP Anna Gabriel que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había asegurado que los Mossos harían siempre lo que les ordenaran los jueces y que no recibirían ninguna directriz política del departamento de Interior.

Con el horizonte de una eventual detención del concejal de la CUP en Vic (Berga) Joan Coma, que no había comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional en una causa que tenía abierta por incitación a la sedición, los representantes del Govern pidieron a la CUP coordinar una respuesta para "ser eficaces en la gestión de la protesta", según consta en las anotaciones de Jové.

La diputada de la CUP Anna Gabriel advirtió entonces de que su formación no renunciaría "a la estrategia de la desobediencia" y que no pedirían "nunca" a la gente que lo hiciera.

No obstante, solicitó al Govern que les avisaran en el caso de que los Mossos d'Esquadra tuvieran previsto detener a dirigentes del partido: "Que algún mando avise al cargo político y que estén informados. ¿Puede ser? Así nos podríamos coordinar", recoge las anotaciones de Jové, en relación a la intervención de Gabriel en la reunión. Por este motivo, en la reunión se planteó la necesidad de pactar un protocolo para actuar en este tipo de situaciones.

Poco más de un mes después, el 27 de diciembre, agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra detuvieron a Coma en Vic, donde el concejal de la CUP, que estaba acompañado por varios de sus simpatizantes, entró, tras pasear tranquilamente por la calle, en un vehículo del cuerpo autonómico, sin ningún logotipo policial.

El Govern se gastó medio millón en publicidad del 1-O

Por otra parte, según afirma la Guardia Civil en un informe, el Govern de Carles Puigdemont se gastó 502.639 euros en publicidad en los medios de comunicación relacionada con el referéndum del 1-O. El informe del instituto armado destaca también la dificultad de obtener una cifra fiable por las "argucias" de la Generalitat y pide que se auditen sus cuentas.

En el documento fechado el pasado 20 de noviembre, entregado al juzgado de Barcelona que investiga el proceso independentista, la Guardia Civil hace un análisis del dinero presuntamente malversado para financiar la consulta ilegal en lo referido a la publicidad en los medios.

Obtiene la cantidad total de la suma de dos partidas, la primera de ella los 277.804 euros que se gastaron en difundir en algunos medios el anuncio "Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?" animando al voto, que se sufragó con cargo al presupuesto del contrato programa que la Generalitat tienen con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

A ella le añade otros 224.835 euros gastados en la campaña "Sí o no", dirigida a promover la inscripción en un registro de los catalanes residentes fuera y a instarles a votar en la consulta.

Las dos partidas fueron pagadas por la Conselleria de Presidencia de Jordi Turull, indica el informe, que destaca que es difícil obtener cifras totales fiables dadas la "opacidad" y las "argucias" usadas por el Govern para impedirlo.

Para determinarlas con exactitud, el instituto armado cree necesario hacer una auditoría a las cuentas de la Generalitat por parte de la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas.

La Guardia Civil tampoco descarta que las entidades independentistas ANC y Òmnium hayan pagado algunos gastos relacionados con el referéndum gracias a las subvenciones públicas que reciben.

De hecho, en un oficio remitido al juzgado barcelonés la Guardia Civil pide directamente al juez que le autorice a acceder al Fichero de Titularidades Financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para averiguar estos gastos ilegales.

Su objetivo es consultar las "cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios" de personas físicas o jurídicas relacionadas con la organización del 1-O, con el fin de averiguar si la votación se costeó con fondos públicos, de forma oculta.

Antes de autorizar el acceso a esas cuentas, el juez instructor, por su parte, ha pedido en otro escrito al instituto armado que le identifique qué personas o empresas quiere consultar.

A pesar de las dificultades, la Guardia Civil sí ha podido identificar las cantidades que suman medio millón de euros y que "de forma indubitada" se han empleado para sufragar el referéndum.

En el caso del anuncio animando a votar, en el que se mostraban unas vías de tren y que se comenzó a difundir el 4 de septiembre de 2017, el informe destaca que la técnica que se usó para ocultarlo fue la tramitación de un contrato de urgencia.

Explica que aunque en la primera parte del anuncio, de 10 segundos, no se dice nada del referéndum y solo se habla de la "capacidad de decidir", existía una segunda parte de 20 segundos que con la frase "Ahora, más que nunca, el futuro de Cataluña Participa en él. El 1 de octubre referéndum", seguida del logotipo de la Generalitat.

La emisión de este anuncio se iba a realizar en el ámbito de un expediente dentro de una campaña llamada "Civisme", que tenía asignado un importe de 2,2 millones de euros para la emisión de las dos partes del anuncio, aunque la segunda, dice el informe, no se llegó a entregar a las empresas adjudicatarias.

Ese contrato, que autorizó el propio Turull según declararon testigos, se otorgó por la vía de urgencia el 30 de agosto a la empresa Carat España, que renunció al mismo porque no se correspondía a la campaña "Civisme" y podía perjudicar a los intereses de la compañía, explicó a la Guardia Civil el consejero delegado de la empresa.

Ante esta renuncia, la Generalitat adjudicó la campaña a Focus Media por la misma cantidad de 2,2 millones, pero esta también renunció.

A pesar de ello, el anuncio se emitió en TV3 y diversos medios de prensa y se realizó una campaña de pegada de carteles, de lo que resulta la cantidad que estima el informe.

El otro anuncio con el eslogan "¿Sí o no?" sobre un mapa de Cataluña se difundió por internet y también a través de la prensa escrita, aunque hubo periódicos que se negaron a publicarlo por ser inconstitucional.

Protección a los altos cargos de la Generalitat

Por otra parte, la Guardia Civil ha denunciado al juez instructor de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre que los Mossos d'Esquadra prestan "servicios de protección" a los altos cargos de la Generalitat que fueron detenidos durante los registros de las consejerías catalanas el pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

El oficio de la Guardia Civil remitido al juez está fechado el 8 de noviembre, lo que implica que esa protección a los detenidos en septiembre ha continuado tras la aplicación del artículo 155 por el Gobierno. Este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, subraya que tras los registros la actividad telefónica de los investigados "descendió notablemente".

Por un lado, la Guardia Civil indica que los investigados pidieron un duplicado de sus respectivas tarjetas telefónicas porque las originales fueron intervenidas en dichos registros. Por otro, apunta a que éstos han contado con la "colaboración de miembros de la policía autonómica catalana".

Una "colaboración" que ha consistido en informarles de las "técnicas policiales utilizadas en las investigaciones" como las escuchas telefónicas, la instalación de micrófonos, entre otros, según relata dicho informe.

También subraya que en la "actualidad" están proporcionando a los investigados "servicios de protección con escoltas" con el fin de "detectar y dificultar que puedan seguir siendo investigados por otros agentes de la autoridad".