n En menos de un mes, tres contundentes informes de otras tantas organizaciones internacionales -The Economist Intelligence Unit, Amnistía Internacional y Transparencia Internacional- han sacado los colores a la calidad democrática de España a cuenta de la respuesta del Estado al proceso soberanista en Cataluña, al recorte del ejercicio de la libertad de expresión y de la percepción social de la corrupción política. Las conclusiones de los estudios son un severo toque de atención sobre la deriva de España. Vistos en conjunto, son una preocupante alerta roja.
Calidad democrática
El riesgo de una «democracia imperfecta»
El primero de los informes fue publicado el 31 de enero por The Economist Intelligence Unit, que cada año realiza un índice de la calidad democrática a lo largo y ancho del globo. En su apartado dedicado a España se centró en la respuesta del Estado al proceso soberanista catalán. Una respuesta que, sostiene, podría convertir a España en una «democracia imperfecta».
El documento, que alerta de un retroceso democrático a nivel mundial, resalta que España es de los países que más ha empeorado en 2017 por la reacción al referéndum del 1-O y todo lo que ha sucedido a su alrededor: brutalidad policial, judicialización de la política y encarcelamiento de los líderes soberanistas.
Así, España obtiene una media de 8,08 puntos, lo que supone una pérdida de 0,22 respecto al año pasado, una de las caídas más pronunciadas solo por detrás de Malta. De esta manera ocupa el último lugar entre los países que tienen una «democracia plena». «No obstante -dice el informe- el intento del Gobierno de frenar por la fuerza el referéndum ilegal de independencia de Cataluña y su trato represivo a los políticos independentistas han puesto en riesgo el ser una democracia plena».
Libertades
Amenazas contra la libre expresión
Amnistía Internacional (AI), por su parte, advierte en su último informe hecho público el jueves, de la restricción «desproporcionada» del derecho a la libertad de expresión en España durante 2017, que el propio director de la ONG en España, Esteban Beltrán, no dudó en calificar de «mal año» para este derecho.
AI, denuncia, en un documento demoledor, la prohibición de manifestaciones contra la suspensión de la ley del referéndum en Cataluña o las «sanciones arbitrarias» por comentarios en Twitter. Así, sostiene que «alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto más peligroso».
La ONG incidió en la «criminalización» de canciones y bromas en la red social Twitter bajo «categorías vagas como el enaltecimiento del terrorismo», y puso de ejemplo los casos de la joven tuitera Cassandra -condenada a un año de prisión por hacer chistes sobre el asesinato a manos de ETA del almirante Carrero Blanco en 1973- o el más reciente del rapero mallorquín Valtonyc, sentenciado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en algunas de sus rimas.
Aunque no se trata solo de España. AI asegura que durante 2017 el mundo entró en una «nueva era» en la que los derechos y libertades fundamentales ya no están garantizados», debido a la imposición del «discurso de odio», que ha derivado en «la discriminación a gran escala de los grupos marginados», como refugiados, inmigrantes y minorías étnicas y religiosas. La ONG señala como principal motor de esta preocupante tendencia global a Donald Trump.
Corrupción
Más corruptos que nunca
El pasado jueves también fue presentado el Índice de Percepciónde la Corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional (TI). En el informe, España obtuvo el año pasado su peor resultado desde 2009, con una puntuación de 57 sobre 100 que sitúa a nuestro país entre el 42 y el 45 puesto de un total de 180 países evaluados.
El presidente de TI-España, Jesús Lizcano, explicó que en 2016, España tenía una calificación de 58 sobre 100 y ocupaba el puesto 41 en la clasificación por países. El mejor resultado de España fue en 2004 con 71 puntos sobre 100 que le auparon al puesto número 22. Esos días son el pasado.
Según dijo Lizcano, el resultado de 2017 consolida el descenso de los últimos años y bate «un récord negativo». Así, destacó que España está entre el 18-20 puesto entre los países de la UE y empata con países como Chipre o República Checa. Lizcano no dudó en achacar la percepción de la corrupción a «quienes dirigen el país»: Gobierno y parlamentarios.
