El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha declarado compleja la causa en la que se investiga a exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlamento de Cataluña por presunta rebelión relacionada con el denominado 'procés', tal y como le había pedido la Fiscalía, los que supone que la instrucción puede ampliarse hasta un máximo de 18 meses.
Así lo ha acordado este jueves en un auto, tras escuchar los informes favorables a esta ampliación del plazo de investigación realizadas tanto por la Abogacía del Estado como por la acusación popular ejercida por Vox y por la práctica totalidad de las defensas.
La práctica totalidad de las defensas se han mostrado a favor de ampliar el tiempo la investigación. Han mostrado su adhesión de a la solicitud del Ministerio Público el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell; los exmiembros de la Mesa Anna Simó, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Lluis Corominas y Lluis Guinó.
También el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y 'número dos' de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Carles Mundó, Raül Romeva, Joaquim Forn y Meritxell Borrás; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.
El pasado 15 de febrero, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó al juez Pablo Llarena declarar esta causa teniendo en cuenta el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) al tener en cuenta al número de investigados; a la necesidad de examen de una abundante documentación obrante en la causa y al número de incidentes procesales referidos a medidas cautelares o solicitud de diligencias de investigación, lo que exige la revisión de la actuación de los investigados en diferentes ámbitos que incluso se prolongan en el tiempo.
Diligencias en un plazo máximo de seis meses
Para el magistrado instructor "la imputación a gran número de personas" en este procedimiento judicial es el motivo "suficiente para declarar la complejidad de esta causa", según subraya en su auto, en el que también asume el resto de las alegaciones que expuso la Fiscalía en su escrito.
Advierte, además, que aumentar el plazo de instrucción no impide que "tras las diligencias que deban practicarse" puedan resultar implicados en los hechos otras personas.
Según dice el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) "las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas".
Esto correspondería al auto dictado el pasado 31 de octubre por la Sala de admisiones del Tribunal Supremo con en el que admitió a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa del Parlament que participaron en el denominado 'procés' y la declaración unilateral de independencia.
No obstante, la ley prevé que ante la expiración de ese plazo --que finalizaría el próximo mes de abril-- el juez instructor puede acordar la complejidad de la causa si así lo solicita la Fiscalía, y tras escuchar a las partes, y aumentar el plazo de investigación hasta los "dieciocho meses".
