Con el gobierno y el PP centrados casi en exclusiva en el asunto catalán y en intentar sacar rédito de las cifras macroeconómicas, a Mariano Rajoy y los suyos se les ha caído la mandíbula al suelo del pasmo por dos movilizaciones que les han pillado completamente en Babia: las de los pensionistas y las feministas. Y no será porque, al menos en el segundo caso, no estaban avisados.
La huelga feminista celebrada el pasado 8 de marzo se viene preparando desde hace meses a lomos de la oleada de defensa de los derechos de la mujer que a escala internacional barre el mundo de este a oeste y de norte a sur. Tiempo más que suficiente para que las mentes pensantes del partido hubiesen preparado un argumentario razonable acorde con los tiempos que corren.
Por el contrario, la primera reacción hace menos de dos semanas fue aquel disparate de la huelga elitista que atenta contra los principios de la civilización occidental. Y claro, en esa línea llegaron las primeras declaraciones de responsables del partido y el Gobierno, como el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, o la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.
Comprobado el desastre de comunicación, incluso entre sus propias simpatizantes, la correción llegó apenas dos días antes del 8M, con una primera desautorización del presidente del Gobierno y declaraciones posteriores en cascada de ministros y altos responsables como Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna o Ana Pastor, comprensivas con las razones de la huelga y denunciando el machismo aún existente en la sociedad española. Un giro de 180 grados en apenas unos días que está por ver si ha sido capaz de reparar los daños producidos por una miopía impropia de un partido en el gobierno.
Un ensimismamiento que repite el evidenciado apenas dos semanas antes con la movilización de los pensionistas, si bien en este caso la potencia de la protesta sorprendió incluso a los sindicatos que la organizaron. El hastío social derivado del discurso de la recuperación mientras sus beneficios no llegan a los más castigados por la crisis, estalló por la insensatez de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al enviar un año más la famosa carta a los 9 millones largos de pensionistas en la que se vanagloria de la subida del 0,25 % anual de las prestaciones.
Un gesto que los jubilados consideran desde el primer día poco menos que una tomadura de pelo y que ha obligado de nuevo al Ejecutivo a intentar reaccionar a remolque. Pero aquí la herida parece más difícil de cauterizar entre una parroquia de la que se nutre en gran medida electoralmente un PP en declive en las encuestas. El CIS lo sentenciaba el pasado jueves: la preocupación por las pensiones ha alcanzado su nivel más alto en 30 años.
