Chaves dice que conocía las ayudas de los ERE pero que "no sabía cómo se daban"

Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso ERE por prevaricación, acusado de crear y mantener un "procedimiento específico" con el que de 2001 a 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.

Durante el interrogatorio de unas tres horas del fiscal Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga, el que fuera presidente andaluz de 1990 a 2009 ha reiterado que su conocimiento sobre las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo era general, sin detalle de cómo se daban, los requisitos para acceder, los beneficiarios o la cuantía.

"Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales. ¿Cómo se daban esas ayudas? Mire usted, yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión", ha repetido varias veces.

Tan rotundo ha sido cada vez que el fiscal le interrogaba por aspectos concretos del sistema, crisis laborales específicas o la forma de presupuestar las ayudas que el juez ha instado al fiscal a no "reiterar preguntas" porque "ya ha quedado suficientemente claro por sus respuestas lo que llegaba o no al presidente de la Junta".

El expresidente ha defendido que "en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno" existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley y "para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley".

Ha asegurado que nadie le informó de la necesidad de cambiar el sistema por agilidad y que "nunca conoció" el convenio marco de 2001 entre Empleo y el ente público IFA (IDEA) para que éste pagara las ayudas con fondos que la consejería le enviaba mediante transferencias de financiación, ni los diferentes borradores de decretos y órdenes para regularlas que no salieron adelante. "Siempre he partido de que había una normativa que permitía dar esas ayudas", ha sostenido.

Preguntado si supo que se encargaron informes a bufetes externos al respecto ha dicho que no y que "si lo hubiera conocido me hubiese opuesto".

Tampoco conoció los informes de la Intervención que alertaban del uso inadecuado de transferencias de financiación para que IFA/IDEA pagara las ayudas -que según la Fiscalía buscaba eludir la fiscalización previa- pero ha defendido que "adecuado o inadecuado" las transferencias de financiación "estaban en la ley de Presupuestos" y "una ley no puede ser ilegal".

Ha rechazado que la fiscalización previa sea "un control de Primera División" y el control financiero permanente al que se sometían las cuentas de IFA/IDEA de "Segunda División", tras defender que era el Interventor quien marcaba las líneas de ese control teniendo en cuenta memorias que en su día no leyó pero que al verlas en la causa hablan de "deficiencias pero nada que hiciera saltar las alarmas".

Chaves ha admitido que tuvo múltiples reuniones con comités de empresa, sindicatos y empresarios ante crisis industriales porque "era mi responsabilidad", un "acto de normalidad democrática", y que "lo anormal" hubiera sido no atenderlos.

Su consigna era siempre "abrir una mesa de negociación" para tratar de salvar a la empresa en primer lugar y paliar los efectos en los trabajadores, pero a partir de ahí las gestiones y decisiones concretas no eran de su competencia ni tenían que darle cuenta.

Como si estuviera en un debate parlamentario, Chaves ha esgrimido el cuadro macroeconómico de un Presupuesto para mostrar en qué se basaba el Consejo de Gobierno al aprobar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos, donde se analizaba la "globalidad" y nunca se descendía al detalle de los "140 programas" del mismo.

Y ha hecho hincapié en que las cuentas tenían que pasar el filtro del Parlamento y los diputados tenían a su disposición toda la información.

Sobre las modificaciones presupuestarias que aprobó el Consejo de Gobierno para aumentar la partida de las ayudas, ha asegurado que eran un asunto "de trámite" que no se debatía pues ya llegaban con los informes pertinentes.

Ese tema ha dado pie a que el juez, antes de concluir su declaración, le hiciera la misma pregunta que a Griñán de si, como declaró el exconsejero Antonio Fernández, a través de la explicación de las modificaciones el Gobierno conocía su destino y que las pagaba el IFA con transferencias de financiación.

A diferencia de Griñán, que admitió que permitía conocer la cuantía, el órgano que las daba y que se pagaban con transferencias de financiación al IFA, para Chaves nada de ello lo "podía conocer" el Consejo de Gobierno pues se aprobaban como trámite sin abrir la documentación que las acompañaba.