La jueza Alaya denuncia presiones de la Junta

La jueza instructora del caso de los ERE falsos en Andalucía, Mercedes Alaya, ha acusado al PP y al PSOE de haberla apartado de esta y del resto de las macrocausas que juzgaba por "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación, porque había visto ya cosas asombrosas".

En una entrevista en ABC, la jueza cuenta que cuando instruía varias macrocausas -el juicio de los ERE, los cursos de formación, el juicio del Betis- se planteó la posibilidad de aspirar a una plaza en la Audiencia de Sevilla, por lo que recabó "el compromiso expreso" de "todos los órganos jurisdiccionales" de que se le iba a mantener la comisión de servicio para poder acabar la instrucción.

"Sobre todo (el compromiso) del CGPJ y de la Presidencia de la Audiencia Provincial", ha señalado Alaya, pero se dio cuenta posteriormente de que "todo fue un burdo engaño" porque tanto los vocales del PSOE como del PP en el Consejo "votaron" de manera unánime "para que yo no siguiera" con dichos procedimientos.

A su juicio, la causa real de que no se le concediera la comisión de servicio no fue el caso de los ERE "porque la pieza principal estaba íntegramente instruida" sino "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación", algo sobre lo que, en su opinión, existía "un acuerdo político" entre PSOE y PP.

El acuerdo, según Alaya, consistía en que el PSOE se mantuviera "fuerte" en Andalucía y, a cambio, "dejar al PP en el resto de las comunidades autónomas", e incluso la magistrada admite que se puede llegar a plantear que "las ilicitudes" de los cursos de formación se pudieran estar produciendo también en otras autonomías.

Durante la instrucción de las macrocausas, Alaya dice que "por supuesto" recibió "presiones políticas", como por ejemplo, declaraciones en la prensa del exvicepresidente Alfonso Guerra.

Y añade que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "contactó" con el CGPJ para "sugerir o protestar" en relación a los ERE, algo que es "muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE".

Por último, subraya que Díaz "podría incurrir en un delito de malversación si no reclama" el dinero malversado en el caso de los ERE.