La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado este martes el inmediato ingreso en prisión de Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, cuatro de los ocho condenados por la agresión de Alsasua (Navarra) que continuaban en libertad provisional, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Tres de los cuatro condenados han sido arrestados en la mañana de este martes en sus domicilios y al cuarto se le ha detenido en su trabajo.

Cuatro días después de dictarse la sentencia que les condenaba a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, la Audiencia Nacional, atendiendo la petición de la Fiscalía, ha ordenado esta mañana la detención de los cuatro por riesgo de fuga y por la tarde, también en línea con el Ministerio Público, ha acordado su ingreso en prisión tras las vistillas que se han celebrado en la sede del tribunal en San Fernando de Henares (Madrid).

Del resto de condenados, Ohian Arnanz --13 años de prisión--, Adur Ramírez y Jokin Unamuno --ambos 12 años-- ya estaban en prisión preventiva desde que fueron detenidos a finales de 2016. Ainara Urquijo, por su parte, ha sido condenada a dos años, por lo que no tendrá que ingresar en la cárcel al carecer de antecedentes penales.

Los ocho jóvenes de Alsasua fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Todos tienen previsto recurrir la sentencia, para lo que disponen de un plazo de diez días, de acuerdo a la información facilitada a Europa Press por la defensa. Será la recientemente creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional la que dirima sobre el caso.

La Sala, que impuso las penas más altas contempladas por los mencionados delitos y aplicó las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y odio para establecerlas, no consideró no obstante que los condenados debieran serlo por los delitos de terrorismo que pedían tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular, pues, tal y como fijaron los magistrados en la sentencia, "no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA".

Para argumentarlo, el tribunal tuvo en cuenta, entre otras cosas, la edad de los condenados, que "ni siquiera eran mayores de edad cuando en 2011 ETA abandonó la lucha armada", de modo que "es difícil imaginar que hubieran asumido este ideario y mantenerlo en el tiempo". "Podría darse una descontextualización entre el ideario inicial de ETA y la posterior actuación de los acusados", apuntó.

Pero eso sí, las condenas tan elevadas impuestas a siete de los ocho jóvenes se deben a que, para los jueces, "no se trató, sin más, de un simple altercado o, como se dice vulgarmente, de una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión como tratan de hacer ver alguno de los acusados".

Y así, ante la "notabilísima gravedad de los hechos", la Sala ha impuesto las penas más altas previstas para los delitos porque "no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de guardias civiles y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión".

Después de las detenciones de los cuatro jóvenes a primera hora de esta mañana, familiares y vecinos de Alsasua se han concentrado frente al Ayuntamiento de la localidad navarra para mostrar su rechazo y pedir el regreso de los jóvenes. A la protesta se ha sumado el alcalde, Javier Ollo, de Geroa Bai.

De los ocho condenados en el juicio de Alsasua, la única que no está en prisión ni ha sido detenida es Ainara Urkijo, a quien recayó la pena menor, dos años por amenazas y desórdenes públicos, por lo que previsiblemente no tendrá que ingresar en la cárcel.

El pasado viernes, la sección primera de la Audiencia Nacional condenó a penas de entre 2 y 13 años de prisión a los ocho jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en 2016, pero no vio en su actuación el carácter terrorista que les imputaba la Fiscalía a pesar de la "notabilísima gravedad de los hechos".

En la sentencia, el tribunal aprecia las agravantes de abuso de superioridad y de odio y considera probado que los acusados actuaron movidos por la animadversión y menosprecio a la Guardia Civil y por motivos ideológicos, pero no ve en su acción ningún vínculo con ETA.