El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cumplido cien días en el cargo volcado en su agenda social y en tender puentes a Cataluña, consciente de que ha tenido que dar marcha atrás a algunas decisiones y que la aritmética parlamentaria que le llevó a la Moncloa es el principal obstáculo para agotar su mandato.

Ese deseo, que los españoles acudan a las urnas cuando toca, en 2020, lo expresó en sus primeros compases como presidente pensando que así podrían percibirse los efectos de esas medidas sociales que ha situado en el frontispicio de su gestión.

Una gestión que ha tenido también como puntos clave esa búsqueda de diálogo en Cataluña y dar una vuelta de tuerca a la ley de memoria histórica empezando por la exhumación de los restos de Francisco Franco.

No ha tenido periodo de gracia ya que el PP, con Pablo Casado como nuevo líder, y Ciudadanos le han acusado desde el primer momento de abusar del decreto para gobernar y de rectificaciones continuas.

El cambio de criterio respecto a la defensa del juez Pablo Llarena en Bruselas ante la demanda del expresident Carles Puigdemont, esa intención de agotar la legislatura cuando antes había sugerido que no lo haría, decisiones con diferente prisma en materia de inmigración, el anunciado impuesto a la banca que está en suspenso o la posibilidad de reactivar la venta de armas a Arabia Saudí han dado pie a esas críticas.

Con ese escenario, Sánchez ha tenido que dedicarse también a fondo a sentar las bases de un nuevo presupuesto con el que respaldar su agenda social que incluye medidas contra la pobreza, la recuperación de la sanidad universal, la protección de la infancia... Pero la nueva senda de déficit que lo facilitaría chocó con el rechazo del Congreso y con una ley de estabilidad cuya reforma urgente fue vetada por PP y Ciudadanos.

Con esos mimbres, Sánchez, tras haber asumido para 2018 los presupuestos presentados por el anterior Gobierno, intentará buscar apoyos para que prosperen los de 2019. En eso tiene mucho que decir Pablo Iglesias, quien sentó esta semana con el jefe del Ejecutivo las bases de un acuerdo presupuestario imprescindible, pero no suficiente. Por eso, el Gobierno deberá entablar una negociación con otros grupos del Congreso.

Si el Parlamento tiene la palabra en los presupuestos, igualmente ha sido escenario de las dificultades para renovar RTVE hasta designar a Rosa María Mateo administradora provisional de esta corporación.

Y lo será de una medida estrella del Gobierno y cuya aprobación se antoja más fácil: la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y la posterior reforma de la ley de Memoria Histórica con la creación de una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo.

Los cien días de Sánchez sí le han servido para situar al PSOE en el primer lugar de las encuestas y para desplegar una intensa agenda internacional. También para tomar decisiones en materia de inmigración (como la acogida del Aquarius) con las que cree que España se sitúa entre el grupo de países que pueden hacer que Europa adopte de una vez decisiones conjuntas y eficaces ante este reto.

Frente al desafío común de la inmigración, en clave interna Sánchez ha tenido que hacer frente al protagonizado por los independentistas catalanes con el president, Quim Torra, a la cabeza.

Ambos han hablado, se reunieron en Moncloa, han quedado en verse de nuevo en otoño en Barcelona, los presos independentistas están ya en cárceles catalanas, se ha convocado por vez primera en siete años la comisión bilateral Estado-Generalitat, se va a retirar algún recurso ante el TC sobre leyes catalanas...

Sin embargo, el discurso independentista se mantiene, a Torra no le sirve la propuesta de reforma del Estatut, sigue aspirando a la autodeterminación y amaga con no respetar una condena de los dirigentes soberanistas que están en prisión. Pero el Gobierno confía en que el president no pase de las palabras "inflamatorias" a cometer alguna ilegalidad porque ya sabe a qué se expone. Léase el 155.

PP y Ciudadanos han recriminado al Gobierno su actitud ante los incidentes por los lazos amarillos y le han advertido de que no tolerarán un acercamiento de presos etarras a prisiones del País Vasco.

Han reprochado también a Sánchez el uso de un avión oficial para asistir a un concierto en Benicasim y le han llegado a criticar su pose con gafas de sol en el interior de uno de esos aparatos.

Con Sánchez llegó a España el primer Gabinete con más mujeres que hombres, pero también el ministro más breve, Máxim Huerta, y en su mano está decidir cuánto se prolongará la legislatura.

Moncloa tira de manual para resaltar que la respuesta sólo la tiene él, que es su prerrogativa, pero invitan a dar plena vigencia a las palabras de la ministra portavoz, Isabel Celáa, en un desayuno informativo: "el Gobierno no resistirá más allá de lo razonable". Y el límite de lo razonable lo pondrá Sánchez.