La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gestiona más del doble de penas sin prisión y medidas alternativas que las condenas privativas de libertad, según los datos que ha presentado ante el Consejo de Europa.
Según las estadísticas de la Secretaría General a 30 de septiembre pasado las personas ingresadas en los centros penitenciarios de la Administración del Estado apenas superan las 50.600 mientras que los mandamientos judiciales sin privación de libertad gestionados son 100.036.
La mayoría de estos últimos, 81.900, son trabajos en beneficio de la comunidad y tareas de utilidad pública como labores auxiliares en la Administración local y en fines sociales con alguna de las 8.100 organizaciones no gubernamentales que colaboran con Instituciones Penitenciarias.
En muchos casos los trabajos en beneficio de la comunidad son acompañados de la obligación de someterse a programas terapéuticos de reinserción.
La adjunta a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, Laura Negredo, ha explicado ante el Consejo de Europa este "cambio radical" en el sistema penitenciario español, "un gran desconocido dentro de la Unión Europea".
A juicio de Negredo el vuelco en las cifras se debe a las sucesivas reformas del Código Penal y en especial a la introducción de la suspensión de la condena supeditada a la realización de estos tratamientos.
En concreto 3.438 penados se sometieron al programa contra los delitos de violencia de género, 749 finalizaron el de reeducación y sensibilización en valores sociales y 677 condenados por delitos contra de tráfico realizaron el de intervención psicoeducativa en seguridad vial.
Además 1.442 penados recibieron tratamiento contra drogodependencia, 170 realizaron el programa "Cuenta conmigo" contra el abuso de sustancias tóxicas, otros 170 participaron en el destinado contra agresiones sexuales y 129 en el de violencia familiar.
Existen otros programas desarrollados por equipos multidisciplinares con la participación de entidades no gubernamentales destinados a penados por abusos de menores en la red, el programa Integra para personas con discapacidad, el Puente Extendido para condenados con trastornos mentales y el dirigido a la inserción laboral.
Entre todos Instituciones Penitenciarias destaca el puesto en marcha hace dos años para la justicia restaurativa, un tratamiento de diez sesiones enfocado a la asunción de responsabilidades y reparación del daño causado a través del encuentro entre victimarios y víctimas directas o indirectas.
