El Gobierno considera que la reunión de ayer entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, evidencia que el diálogo es el que puede "encauzar" la salida del conflicto y niega que esté realizando concesiones a los independentistas.
Es la lectura que de esa reunión ha hecho la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la conferencia de prensa que ha ofrecido al término del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, una sesión en la que se han aprobado varias decisiones simbólicas que suponen gestos hacia Cataluña
Entre ellos que el aeropuerto de El Prat vaya a denominarse Josep Tarradellas y la toma en conocimiento de la declaración de reconocimiento personal en favor de Luis Companys.
La Casa de la Llotja de Mar ha albergado la decimosexta reunión de un Consejo de Ministros fuera de Madrid durante la actual etapa democrática, una convocatoria que ha provocado disturbios y altercados durante toda la jornada con motivo de las movilizaciones organizadas por los CDR.
Celáa ha hecho un llamamiento a manifestarse "pacíficamente, sin violencia" porque ha dicho que la reunión del Consejo en Barcelona supone un "acto de afecto y aprecio a Cataluña".
Tras felicitar a los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana por su coordinación en esta jornada, se ha solidarizado con el reportero que ha sido agredido hoy por un miembro de los CDR y ha lamentado el incidente.
La portavoz del Gobierno ha calificado de "muy positiva" la reunión de ayer entre Sánchez y Torra ya que cree que es la forma de "encauzar políticamente las relaciones con Cataluña y la salida del conflicto".
Ha recalcado que el Gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo dentro de la Constitución y considera que no existe ninguna otra receta, "ni soflamas emocionales ni aplicación perpetua del 155".
Por eso ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, y al de Ciudadanos, Albert Rivera, que estén pidiendo un 155 "perpetuo", una solicitud que cree que no da respuesta política al problema catalán y esconde un afán de recentralización de las competencias de Cataluña.
A su juicio, el "diálogo en la seguridad jurídica" es lo que intentó ayer el Gobierno con la reunión entre Sánchez y Torra.
"Eso ya supone en sí mismo un avance que va mostrando más camino, que va abriendo más espacios para continuar dialogando", ha resaltado.
Celaá ha comparecido ante los periodistas junto a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, quien ha insistido en que la solución solo vendrá de la mano del diálogo para llegar a acuerdos que generen consensos que representen a una mayoría de la sociedad catalana.
Respecto al comunicado conjunto tras la cita Sánchez-Torra y el hecho de que no mencione la Constitución, Batet ha destacado que incluya la expresión "seguridad jurídica" como base esencial para una solución.
En ese sentido ha recordado que la seguridad jurídica no existe sin el respeto al ordenamiento jurídico que conforman el texto constitucional, los estatutos de autonomía y el resto de leyes y normas.
Su resumen de ese comunicado es que refleja una apuesta clara: "diálogo y ley".
Fuentes del Gobierno han confirmado que en la negociación del comunicado se planteó que se incluyera la palabra Constitución, pero que no aparece finalmente en aras del consenso.
Una decisión que la ministra portavoz ha asegurado que "en absoluto" puede interpretarse como una cesión al independentismo.
Lo que sí ha pedido Celaá al Govern es "reciprocidad" para poder diseñar la mejor forma de encontrar una solución.
Por su parte, Batet ha reiterado la posición del Gobierno de que no existe el derecho de autodeterminación y, por tanto, no cabe en el ordenamiento jurídico español.
Celáa y Batet han defendido decisiones adoptadas hoy por el Consejo como el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat, una iniciativa que ha sido comunicada a la Generalitat, a los municipios afectados y a la familia de Josep Tarradellas.
"Es una decisión que transmite un mensaje de concordia, de entendimiento y de diálogo reconociendo la figura del president Tarradellas", ha explicado Celaá.
Ante el malestar de la Generalitat por el hecho de que esta decisión no se haya consensuado, ha dicho que el Gobierno estima que tiene "un nivel de acuerdo más que razonable".
También el Gobierno ha tomado conocimiento de la declaración y reconocimiento personal en favor de Luis Companys, un acuerdo por el que se rechaza el consejo de guerra que decidió su ejecución y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución del expresidente de la Generalitat.
Respecto a la nulidad de ese juicio, Batet ha recordado que requiere un cambio normativo y hay ya una proposición de ley que así lo prevé y que está en tramitación en el Congreso.
Además, el Consejo ha aprobado hoy autorizaciones para licitar contratos de conservación de carreteras de Cataluña por valor de 112 millones de euros.
