La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha pedido 4 años y seis meses de prisión, y una multa de seis millones para el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez en el Caso Auditorio, en el que se le investiga por la construcción, presuntamente ilegal, de esta obra en la localidad murciana de Puerto Lumbreras durante su etapa de alcalde.
El escrito de acusación del ministerio público atribuye a Sánchez los delitos de prevaricación, fraude y fraude en la percepción de subvenciones, por los que reclama, además, que se le inhabilite para empleo o cargo público durante 19 años.
En este escrito de acusación se piden también dos años y tres meses de prisión para el arquitecto Martín Lejárraga por los mismos delitos, aunque, en este caso, como cooperador necesario.
El fiscal señala que en 2005 Pedro Antonio Sánchez encargó de forma verbal a este arquitecto el proyecto de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras sin cumplir los requisitos que marca la ley y para crear una apariencia de legalidad convocó un concurso de ideas, posteriormente.
El ministerio público acusa también a la exsecretaria accidental del consistorio, ya que se encontraba en el aquel momento en funciones, Caridad García de prevaricación y al representante legal de la empresa que realizó las obras, Vicente Gimeno, de fraude, y solicita para cada uno de ellos 2 años y tres meses de cárcel.
El escrito de acusación indica, así mismo, que el inmueble para el que la Comunidad Autónoma de Murcia concedió una subvención de 6 millones de euros fue recepcionado por el ayuntamiento, pese a que solo estaba construido el 61 por ciento de la obra.
Por lo que la acusación estatal pide que se declare la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del ayuntamiento de la citada localidad en septiembre de 2010 por el que se aprobó el proyecto modificado de las obras, que se realizó para dar la apariencia de que éstas estaban realizadas en su totalidad.
Tras la presentación del escrito de la Fiscalía en el juzgado de Instrucción de Lorca que ha investigado los hechos serán ahora la acusación particular y la defensa de los investigados los que presenten sus valoraciones.
