Ocho meses y medio separan el momento en el que Pedro Sánchez accedió al poder tras la votación de una moción de censura contra Mariano Rajoy en el Congreso y el día en que esa misma cámara le forzó a acortar su mandato tras rechazar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
En ese periodo de tiempo, Sánchez, que llegó a La Moncloa para iniciar un diálogo político con las autoridades soberanistas catalanas, ha visto cómo conforme se acercaba la fecha del inicio del juicio en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas las negociaciones con los partidos catalanes para que apoyaran las cuentas públicas iban descendiendo hacia un callejón sin salida que se evidenció el pasado miércoles en el Congreso, cuando ERC y PDeCAT rechazaron junto al PP y Cs su proyecto presupuestario.
Respaldado por una veintena de partidos, el líder socialista conformó un Gobierno joven y con mayoría de mujeres, algo sin precedentes en la historia democrática de España. Pero, aunque fue aplaudida, la imagen del Ejecutivo se deterioró pronto por los escándalos que salpicaron a varios ministros -los valencianos Màxim Huerta primero y Carmen Montón después, acabaron renunciaron al cargo-, mientras que otros, como la titular de Justicia, Dolores delgado, se han visto salpicados por las grabaciones del excomisario Villarejo.
En el exterior, Sánchez tuvo su bautismo de fuego en la cumbre europea sobre la inmigración. Angela Merkel se vio gratamente sorprendida. Pedro Sánchez era un aliado para reforzar el eje antixenófobo e impulsar la solidaridad europea en el reparto de refugiados.
Tres semanas después de aquel encuentro, España abría sus puertos al buque de rescate Aquarius, un barco con más de 630 migrantes, la mayoría de origen subsahariano, que nadie quería acoger y que fue llevado al puerto de València. La medida humanitaria marcaba distancias con la anterior etapa del PP y con líderes populistas europeos como el ultraderechista Matteo Salvini, que por aquellos días comenzó su política de acoso a las ONG de rescate que ha llevado a su práctica expulsión del Mediterráneo central.
Ocho meses después el barco de otra ONG, la española Proactiva Open Arms, se encuentra bloqueado en Barcelona, lo que ha generado críticas hacia el Ejecutuvo socialista.
La cuestión migratoria y el vertginoso aumento de llegada de pateras a las costas andaluzas durante estos meses dio alas al discurso del partido ultra Vox el pasado diciembre en Andalucía, primer gran terremoto político de la era Sánchez desde su llegada a la Moncloa.
Consciente de que sobre su cabeza pendía la espada de Damocles del independentismo catalán, que terminaría pasándole una factura inabordable a cambio de su apoyo parlamentario, Sánchez multiplicó las iniciativas para dar un giro social a la acción del Gobierno y recompensar a los sectores más castigados por una década de austeridad presupuestaria.
También comprometió un gasto adicional de casi 2.000 millones de euros destinados a Cataluña, que ahora quedan en el aire tras el rechazo de los presupuestos.
A golpe de decreto aumentó un 22% el salario mínimo hasta situarlo en 900 euros mensuales y un 3% las pensiones mínimas y las no contributivas. Para el resto, rompió el techo del 0,25 % impuesto hace seis años. Más de 12 millones de personas se beneficiaron de estas medidas, aunque muchas personas siguen considerándolas insuficientes.
La exhumación, antes del 28
También trató de dar un nuevo impulso y reformar la Ley de Memoria histórica y tratará de presentarse a las elecciones del 28 de abril con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos si los recursos de la familia del dictador no lo impiden.
La crisis venezolana y su ultimátum de una semana a Nicolás Maduro para convocar elecciones le pusieron en la diana de PP y Cs, que criticaron que tardara una semana en reconocer como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.
