Una juez de Manresa (Barcelona) ha archivado una denuncia contra la Guardia Civil por las cargas del 1-O en la localidad barcelonesa de Castellgalí, que se saldaron con 16 heridos leves, al concluir que no hubo "exceso policial" sino que los guardias civiles emplearon la "fuerza mínima imprescindible".
En un auto, la titular del juzgado de instrucción número dos de Manresa acuerda el sobreseimiento de la denuncia presentada contra agentes del instituto armado por varios votantes del referéndum y por la directora de la escuela que acogió las urnas, a raíz de los daños que la actuación policial causó en el centro educativo.
La juez descarta en su auto que hubiera "exceso policial" en las cargas y defiende que su actuación es "compatible con el uso de la fuerza mínima imprescindible de quien se enfrenta con las fuerzas del orden público en un momento de tensión", ante unos concentrados que mostraban "un comportamiento pasivo intencional de carácter obstativo frente al ejercicio de la función pública".
Según el auto, de las declaraciones prestadas en la causa, informes forenses y policiales y soportes de vídeo "no puede inferirse que haya existido un exceso policial", por lo que la actuación de la Guardia Civil fue "legítima, frente a un posicionamiento activamente obstativo por parte de más de 200 personas concentradas" ante la puerta del colegio electoral.
La juez recuerda que era "público y notorio" que el 1-O había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, dado que la publicidad sobre el asunto "fue una constante en radio, prensa, redes sociales y televisión durante casi 23 días, en los que el único tema que se trataba públicamente en España era ese".
Pese a la suspensión, recuerda el auto, "parte de la población catalana, alentada por la propia Generalitat y asociaciones independentistas", acudieron a los colegios electorales "a fin de realizar una votación que estaba fuera del orden constitucional y de la legalidad más evidente", ignorando "deliberadamente" lo establecido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"Y no solo eso", continúa la juez, sino que muchos de ellos "se concentraron a las puertas" de la escuela de Castellgalí "a fin de impedir el acceso de las fuerzas del orden actuante al lugar donde se estaba llevando a efecto la votación y en el que se encontraba el material relacionado con el referéndum, cuyo requiso había sido acordado por la autoridad judicial".
La instructora descarta que los agentes vulneraran los derechos fundamentales de reunión y manifestación, dado que las concentraciones se llevaron a cabo "fuera del cauce normativo", lo que hizo necesaria la "intervención de la autoridad pública".
Para la juez, el comportamiento de los cerca de 200 concentrados en la escuela de Castellgalí "no puede calificarse en modo alguno de inocuo en términos jurídicos", ni se trataba de un "mero comportamiento pasivo", sino de una actitud de resistencia que obligó a los agentes a actuar.
Nueva citaciones en el juzgado del 1-O
Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investiga la logística del 1-O ha citado a declarar el próximo viernes 22 de marzo al investigado en esta causa Santiago Vidal. El juez y exsenador de ERC lo hará a petición propia y será la segunda vez. La juez Alejandra Gil también ha citado ese día a declarar en calidad de investigado al director comercial de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Martí Patxot, por los anuncios del 1-O.
Las declaraciones públicas de Santiago Vidal sobre presuntas irregularidades del Govern de Carles Puigdemont -para lograr los datos de los contribuyentes o sobre los fondos ocultos para destinar al procés- fueron los que motivaron la apertura de la causa, a raíz de denuncias del abogado Miguel Durán y de Vox.
El juzgado le ha citado para ese día a las 16 horas, y lo ha acordado tras recibir una petición del propio investigado, que ya compareció en esta misma sede judicial ante el magistrado fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, el 13 de febrero de 2018, y aseguró que sus afirmaciones no eran ciertas y se enmarcaban en un acto político.
Tras él declarará en calidad de investigado el director comercial y de marketing de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Martí Patxot, por un presunto delito de desobediencia por los anuncios emitidos del referéndum.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Alejandra Gil le cita a las 16.30 horas para que explique los detalles de la emisión de anuncios de la campaña de difusión del 1-O en los medios públicos de televisión, radio y medios digitales por encargo de la Generalitat a la CCMA en septiembre de 2017.
En el mismo auto, la magistrada también requiere a la CCMA que aporte el nombramiento de Núria Llorach como vicepresidenta del Consejo de Gobierno con funciones de presidenta, que estaba vigente en 2017; los estatutos del ente vigentes ese año, y la certificación de la emisión del anuncio de la campaña 'Civisme' especificando los días de dichas emisiones.
