El anuncio del cierre de la central de Cofrentes ha sido un mazazo para los 1.100 vecinos del pueblo. La palabra más repetida es que «no hay alternativa» para una actividad que deja cada año en las arcas municipales más de 6,8 millones de euros en impuestos. El Ayuntamiento de Cofrentes tiene contratadas a 120 personas y subvenciona todo tipo de servicios como internet de alta velocidad o una residencia de ancianos. El alcalde, Salvador Honrubia, confía en la reconversión como destino turístico, aunque los comerciantes son pesimistas. En el pueblo nadie teme a la central e incluso los ecologistas rechazan criticarla abiertamente. En este contexto, los cofrentinos afrontan las elecciones generales y autonómicas con resignación porque son conscientes de que es improbable que un cambio de Gobierno revoque la decisión del apagón nuclear. Iberdrola, propietaria de la central y que para este reportaje se limitó a enviar un comunicado genérico, mantiene que el protocolo de cierre asegura la «continuidad económica y el empleo» durante «décadas» ya que tras la parada definitiva Enresa necesitará diez años para desmantelar la planta. Sin embargo, el alcalde (que como todos rechaza frontalmente el cierre) advierte de que desde la parada el municipio dejará de recibir millones de euros.
En torno al 20 % de la generación eléctrica nacional proviene de siete nucleares que permanecen en activo y que están a punto de cumplir su vida útil. Las siete plantas en actividad son Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Trillo y Cofrentes. Todas las centrales han emprendido un camino hacia su cierre total en 2035. El plan trazado por el Gobierno establece que Cofrentes (que genera el 48 % de la energía de la Comunitat Valenciana) dejará de producir electricidad en noviembre de 2030.
Este periódico ha recorrido durante un día Cofrentes para comprobar como ha impactado el anuncio. Lo que más sorprende al llegar a Cofrentes son instalaciones municipales como el megapolideportivo Manuel Tarancón y la cantidad de operarios municipales que hay trabajando en la calle. No se ve ni un papel tirado en el suelo, el pavimiento parece recién estrenado y servicios como la oficina de turismo funcionan a pleno rendimiento entre semana con una arqueóloga al frente. A pesar del gasto que supone, el Ayuntamiento cierra cada año con dos millones de superávit. Una situación idílica para un pueblo del interior que en condiciones normales estaría despoblado.
La camarera lituana Gabriela Polilanskaite, que lleva dos años trabajando en el bar La Líber, resume la situación: «Todo el mundo anda preocupado. La central da mucho trabajo». El bar La Líber se llama así porque la madre de la propietaria era Libertad, una mujer que falleció atropellada por un camión hace unos años. Verónica Gómez, hija de la Líber, lamenta que el cierre de Cofrentes va a implicar la pérdida de muchos puestos de trabajo directos e indirectos. «El ayuntamiento depende del dinero de la central para mantener los servicios. Aquí todo el mundo tiene trabajo», señala Verónica Gómez.
El «estado del bienestar» llega a tal extremo que el Ayuntamiento de Cofrentes subvenciona las tres fiestas locales e incluso envía una cesta con un jamón y un cheque de 20 euros para gastar en los comercios locales a las cuatrocientas familias del municipio. Con esta situación de pleno empleo es complicado encontrar voces críticas. Incluso los ecologistas no se sienten amenazados por los posibles efectos negativos de la radioactividad. Carlos Feuerriegel, un activista 'verde' que insiste en que habla a título particular, reconoce que los ecologistas de la comarca nunca la han criticado. «En el pueblo y en la calle hay muy pocas voces críticas. Mi mayor crítica es desde el punto de vista social porque para los que somos agricultores ha tenido consecuencias nefastas. La subida del nivel de vida ha alterado el precio de la tierra por la compra de casas para segundas residencias en todo el Valle de Ayora», afirma. Sobre los posibles riesgos para la salud confiesa: «Todos los años, los responsables de la seguridad nuclear me compran lechugas de mi huerto para analizarlas. No me dan los resultados, pero no me preocupa».
«Tenía que pasar»
El alcade de Cofrentes, que también trabaja en la central, confiesa resignado que «el anuncio del cierre era algo que tenía que pasar. El parque nuclear español ha llegado a su fin. Ya en 1986 dejó de haber interés en las nucleares. No ha habido voluntad política porque era algo complicado de explicar. No es como en Francia que desde los cincuenta fueron a la estela de Estados Unidos». Salvador Honrubia, que es de Ciudadanos, lamenta que el cierre de la central «causará un gran impacto. Nos tendremos que reinventar». El acalde confía en el potencial turístico del pueblo y acompaña a este periódico al hotel del balneario que «da trabajo a 200 personas» nueve meses al año gracias a los viajes del Imserso, al «único volcán de la Comunitat Valenciana», al embarcadero de la barcaza fluvial de Cofrentes que «transporta a 45.000 pasajeros al año» y al castillo. «El turismo es el futuro», repite como un mantra.
«No depende de la ideología»
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de cerrar Cofrentes no va a alterar el voto de los vecinos porque en el fondo la mayoría tiene claro que iba a llegar antes o después. Cofrentes comenzó a producir energía nuclear en 1985 y el final de su vida útil es 2025, aunque la actividad va a ser prorrogada cinco años más. Raúl Ángel, propietario de la ferretería Balucel, reconoce: «Yo creo que si gana la derecha no va a ser diferente. Esto no depende de la ideología, aunque creo que la izquierda ha hecho demagogia con las nucleares». El comerciante, que no oculta su rechazo a la izquierda al entender que ofrece «un proyecto poco halagüeño», demuestra en segundos su amplio conocimiento sobre la central y su futuro. «Son once años para el cierre más otros dos de transición. Después llegará la fase de desmantelamiento, que puede tardar 10, 15 o 20 años». Raúl Ángel, que tiene 44 años, insiste en que en el pueblo nunca han sentido miedo de la actividad de la central. «Estamos muy adaptados al entorno nuclear y muy informados», señala.
El panadero Rigoberto Lacuesta, que confiesa que no le interesan ni las generales ni las autonómicas, insiste en que en el pueblo «todo el mundo está a favor de la central. Hoy en día está todo muy controlado». Lacuesta lamenta que el cierre obligará a los jóvenes a dejar el pueblo. «No hay alternativa», afirma. Miguel Gandía, propietario de una carnicería en el centro de Cofrentes, confirma la preocupación de todos. «No tiene ningún sentido el cierre si después compramos a Francia energía producida en centrales nucleares», critica.
