España ha salido de la última crisis con una deuda pública cercana al 100% del producto interior bruto (PIB) y un déficit que, aún habiéndose moderado (2,6% del PIB en 2019), es aún el más alto entre los países europeos. En esas cuentas radica una de las principales vulnerabilidades que sigue arrastrando el país, ahora que Occidente entra en tiempo de desaceleración del crecimiento (España incluida, aunque en mejor posición que otros). Pero camino del 28A, los programas electorales dan a entender que, para los partidos, las arcas públicas están en condiciones de soportar aumentos relevantes del gasto (sugeridos por la izquierda) o intensas rebajas fiscales (apuesta común de la derecha). La antesala de las urnas es este abril, si cabe más que ante otras citas electorales, una especie de feria tributaria donde se enfrentan dos corrientes: una que tiende a la reducción del tamaño del Estado y otra que apuesta por aumentarlo fiando los recursos necesarios a una mayor carga fiscal sobre los españoles más acaudalados y sobre las actividades económicas con peor prensa.
PP, Ciudadanos y Vox tienen en común que ofrecen reducir e incluso eliminar impuestos. Puede decirse que su referencia de pensamiento económico es el estadounidense Arthur Laffer y su curva, que pone en relación los ingresos fiscales y los tipos impositivos. De ella se infiere que los ingresos dejan de subir por encima de un determinado nivel de tipos, porque dañan el crecimiento económico, y que, alternativamente, es factible aumentar los ingresos bajando esos tipos. Lo que a menudo pasan por alto los partidos afines a Laffer es que su primer y más firme seguidor, el expresidente de EE UU, Ronald Reagan, llevó a su país a un déficit histórico rebajando drásticamente el IRPF y otros tributos y que también fracasaron más intentos posteriores de aplicar la doctrina, básicamente porque, remarcan los hacendistas, no se puede saber dónde está ese nivel ideal de la carga tributaria que a la vez favorece el crecimiento y llena los bolsillos del Estado.
Aplicación compleja
PSOE y Unidas Podemos ponen el foco sobre los patrimonios cualificados y los directivos y empresarios; también, con nuevos impuestos, sobre la banca y las tecnológicas. Son propuestas que, pese a su vitola de equidad y progresividad, tienen puntos flacos: pueden estimular la deslocalización de capital e inversiones en un entorno globalizado si se circunscriben al ámbito nacional y en algunos casos (la tasa Google, por ejemplo) son de aplicación técnicamente muy compleja.
En los siguientes puntos se exponen las principales propuestas de los partidos para algunos de los grandes impuestos.
IRPF
Por la derecha, todo son rebajas. El PP promete reducir el tipo marginal (el que grava las ganancias más altas) cinco puntos (del 45% actual al 40%), así como un recorte generalizado para el resto de contribuyentes. Plantea asimismo que quienes sigan trabajando después de la jubilación queden exentos del tributo. Ciudadanos ofrece una rebaja inmediata más modesta del tipo marginal (un punto, hasta el 44%) y otra igual para el resto de tramos de renta, aunque aplazada hasta el final de la legislatura. Dos de sus propuestas estrella suponen reducir el IRPF a seis millones de familias con hijos mediante deducciones y eximir del 60% del impuesto a quienes se asienten con un proyecto empresarial en el medio rural. Vox eleva la apuesta: quiere reducir la tarifa estatal del IRPF, ahora de cinco tramos, a dos, con un tipo del 22% para las rentas hasta 60.000 euros y del 30% a partir de esa cantidad (ahora es del 45%). Un lujo de rebaja para los contribuyentes con más ingresos.
Por la izquierda, el PSOE habla de subir impuestos a esos contribuyentes de perfil alto, pero sin concretar. El proyecto presupuestario de Pedro Sánchez que rechazó el Congreso suponía elevar dos puntos los tipos por encima de 130.000 euros y cuatro puntos para rentas superiores a 300.000. Los socialistas abogan también por aminorar las diferencias de tributación que priman a las rentas del ahorro (capital) frente a las del trabajo. Y Unidas Podemos quiere llegar a un tipo máximo del 55% (cercano al de Suecia) para quienes ganen más de 300.000 euros, y recortar un punto, hasta el 18%, la presión sobre los ingresos más modestos.
SOCIEDADES
PP promete bajar el tipo nominal del impuesto de sociedades del 25% al 20% y eximir de tributar por las ganancias durante dos años a los parados de larga duración que pongan negocios. Ciudadanos lo plantea como posibilidad dentro de cuatro años y a cambio de ajustar el catálogo de deducciones. Sí concreta una exención de dos años para las start-ups. Vox va más allá con Sociedades, con rebajas del tipo hasta el 12,5% (nivel de Irlanda).
El PSOE habla de nuevo en términos generales de elevar la fiscalidad sobre las grandes empresas. En el programa electoral, el PSOE habla de impulsar el establecimiento de esas figuras a escala europea. Unidas Podemos quiere un tipo efectivo mínimo de Sociedades del 20% para la banca y las petroleras y llevar hasta el 40% el gravamen nominal del sector financiero como una vía para la devolución de las ayudas públicas. La formación de Pablo Iglesias se compromete también a liquidar la fiscalidad «privilegiada» de varios vehículos de inversión.
SUCESIONES
El debate sobre la imposición patrimonial está muy presente, quizás más que nunca, en los programas electorales. El PP, Ciudadanos y Vox van de órdago con el impuesto de sucesiones: las tres formaciones plantean su eliminación, algo que también extienden al tributo de patrimonio, que como regla general pagan los contribuyentes con capitales y bienes por más de 700.000 euros. Los de Pablo Casado también quieren suprimir el impuesto de transmisiones patrimoniales, que, como el de las herencias, financia a las autonomías. Y Vox añade a la lista la plusvalía municipal.
El PSOE y Unidos Podemos coinciden sobre las herencias: no suprimir Sucesiones, sino armonizar el impuesto en todo el territorio para evitar desigualdades y establecer un mínimo exento común para liberar del tributo a los hijos con herencias modestas. No precisan el alcance de ese mínimo. Como tampoco PP, Ciudadanos y Vox aclaran cómo se compensarían los 2.500 millones que cuesta eliminar el controvertido impuesto.
