El exdirector de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello ha asegurado este lunes ante la Audiencia Nacional que el primer plan presentado por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato en 2012, con el que pretendía cumplir con las exigencias del Gobierno en materia de saneamientos, "no era admisible".

"Había dos posibilidades: no te autorizo el plan o no me apruebas pero te dejo para septiembre", ha relatado Martínez Tello en calidad de testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, y ha explicado que el organismo optó por pedir medidas complementarias y "no decir públicamente que habían suspendido" para que la entidad pudiera sacar adelante su trabajo.

El conocido como "Plan Rato I" pretendía recapitalizar en su opinión el grupo financiero mediante la conversión de instrumentos híbridos en capital: un "planteamiento que se ve insuficiente".

Es así como se le comunica a los gestores Bankia que pongan en marcha una serie de medidas complementarias, entre las que se encontraban "que eleven los saneamientos (inicialmente cuantificados en 4.000 millones) y que pidan ayudas públicas temporales de 7.000 millones", ha proseguido Martínez Tello.

Tales peticiones contrastaban con lo expuesto por el equipo de Rato, que consideraba un adelanto del pago al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de las cuantías percibidas durante el proceso de integración.

Para el que fuera director de Supervisión del Banco de España desde abril de 2009 a octubre de 2012, el supuesto visto bueno del organismo al proyecto "era como no autorizarlo y hacer que presenten otro plan" por estos motivos.

De todo ello, ha asegurado, informó puntualmente a Bankia en la reunión del 17 de abril de 2012 con el entonces consejero delegado de la entidad Francisco Verdú y el secretario del Consejo de Administración, Miguel Crespo, "para darles las indicaciones de todas estas medidas".

Entre las debilidades del banco en aquellas fechas, Martínez Tello ha señalado la gobernanza, ya que Bankia "era un coche muy grande pero con motor de Berlina. Pretendíamos que vendiera partes del negocio para que acomodara más la carrocería".

Empezó a sonar así, ha explicado, el nombre de José Ignacio Goirigolzarri como primer directivo, aquel que tomara "decisiones dramáticas" y que contara "con la suficiente fuerza y el apoyo del Consejo para que el mercado creyera que el nuevo plan sí que lo iban a cumplir".

Sin embargo, el segundo plan de Rato "o boceto", presentado el 4 de mayo, "al final no sirvió de nada porque tres días después dimitió y tiramos todo esto a la basura".

A preguntas de la fiscal Carmen Launa, el ex alto cargo se ha pronunciado sobre el relevo en la presidencia, una noticia que podría haber generado un "problemón, un agujero de salida de depósitos" en Bankia, como él mismo se lo trasladó al Ministerio de Economía, al que apremió para convencer a Goirigolzarri y "calmar a los mercados".

No es la primera vez que Martínez Tello comparece en esta causa, en la que llegó a figurar como investigado en la recta final de la instrucción, si bien fue apartado del procesamiento al igual que las antiguas cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Había declarado en julio de 2014 como testigo ante el juez Fernando Andreu que en ningún momento se cuestionó la capacidad de Rato para seguir liderando el grupo, pero sí se recomendó a la entidad un plan de saneamiento más ambicioso.

No obstante, defendió que aún con la necesidad de adoptar ulteriores medidas, ese primer documento resolvía las dudas sobre el futuro de Bankia.

Rato, que cumple condena por el caso de las tarjetas "black" de Caja Madrid, se enfrenta a una pena de cinco años de prisión que solicita para él la Fiscalía, la cual pide además para los otros tres antiguos administradores del banco (José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) entre cuatro años y dos años y siete meses de cárcel por supuesta estafa a inversores.

Delito al que se sumaría el de posible falsedad contable, como consta en los escritos de las acusaciones particulares y populares, que reclaman hasta doce años de prisión para los cuatro, otra treintena de exdirectivos del grupo y el socio auditor.