El domingo los ciudadanos españoles están llamados a parte en las elecciones al Parlamento Europeo, la séptima ocasión en los que los comicios comunitarios se desarrollarán en nuestro país desde 1987. Una cita quinquenal a la que los partidos suelen otorgar menos relevancia y en las que la participación en las dos últimas ocasiones (2009 y 2015) no sobrepasó el 45%, un porcentaje que, no obstante, podría verse rebasado esta vez por la efervescencia que está adquiriendo el debate europeo por el rebrote de fuerzas populistas que amenazan un laborioso y exitoso proyecto de integración de casi siete décadas de existencia. De hecho, el último sondeo preelectoral del CIS que preguntaba por estos comicios augura una participación de más del 60% al coincidir con municipales y autónomicas.
Comisión, Consejo y Parlamento Europeo -único escogido directamente con los votos de los ciudadanos- son los tres principales vértices alrededor de los que gira la estructura de las instituciones comunitarias, donde se toman decisiones que influyen de manera directa en el día a día de más de 500 millones de personas. No obstante, el desinterés de muchos ciudadanos por las noticias del club comunitario es notorio, ya que más del 50% de los encuestados en el citado sondeo del CIS aseguraba tener poco o ningún interés por la actualidad que acontece en torno a Bruselas, pese a que más del 70% de los consultados indicaba que las decisiones que se toman en las instituciones europeas afectan bastante o mucho en su devenir diario. Estas son algunas de las materias de relación cotidiana que se ven afectadas por las medidas que se acuerdan en Bruselas.
Sistema financiero
El rescate bancario de 2012 permitió que entidades financieras, fundamentalmente cajas de ahorro, percibieran una inyección global de algo más de 60.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea y avalados por los contribuyentes españoles. Aunque el Banco de España ha calculado que solo se van a recuperar uno de cada cinco euros aportados y garantizados por las arcas públicas, existe consenso entre los economistas a la hora de calificar como decisivo el rescate para reactivar el sistema financiero y, con él, la actividad productiva en una España, la de entonces, sumida en una grave crisis.
Hipotecas
El Tribunal de Justicia de la UE hizo pública en 2016 una sentencia que ha afectado a muchos españoles con un crédito hipotecario. Su fallo a favor de la devolución total del dinero obtenido a través de las cláusulas suelo conllevó que, como ocurre con todas las resoluciones que emanan de esta corte, deba ser adaptada a la jurisprudencia española. De esta manera, el Tribunal Supremo abrió la puerta a que las entidades financieras devuelvan las cantidades cobradas de más por la aplicación de las cláusulas suelo.
La eliminación del 'roaming' ha facilitado las comunicaciones. Shutterstock
Privacidad digital y 'roaming'
En la legislatura que acaba, el Parlamento Europeo acaba de aprobar el nuevo Reglamento General para la Protección de Datos (GDPR), que garantiza a los usuarios de páginas web y redes sociales un mayor poder y control sobre su información digital de carácter personal. Asimismo, desde hace dos años, las tarifas de 'roaming' o itinerancia de datos están abolidas en la Unión Europea, lo que significa que llamadas, mensajes y navegación deben tener en cualquier país de los 28 el mismo coste para el consumidor que en el suyo.
Consumo
Josep Lladós, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), destaca la importancia de que en la legislatura finalizada el Parlamento Europeo haya aprobado la prohibición de la discriminación geográfica en las compras por Internet. Es decir, que los comerciantes 'online' no puedan bloquear o asignar una atención secundaria a usuarios de otros países de la UE distintos al del vendedor. Asimismo, Lladós subraya que desde hace unos años está en vigor los límites a las comisiones en las tarjetas de crédito (0,3%) y débito (0,2%).
Bruselas aboga por eliminar los productos de plástico de un solo uso. Shutterstock
Cambio climático
Más allá del fuerte compromiso de las instituciones europeas con los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático, existen medidas concretas que afectan de manera directa en el día a día de los ciudadanos, como el pagar por las bolsas de plástico o la orden de que desaparezcan los productos de este material de un solo uso. "La lucha contra el cambio climático va a ir a más en los próximos años", indica Lladós, que subraya también que la intención de Bruselas de avanzar en la descarbonización tiene también una influencia directa en las últimas medidas del Gobierno para desincentivar el uso de vehículos diésel.
Seguridad y fronteras
El Tratado de Schengen, en vigor desde 1995, permite que pueda circular toda persona que haya entrado regularmente por una frontera exterior o resida en uno de los países que aplican el convenio. Este acuerdo ha permitido la movilidad de miles de trabajadores y ha facilitado los movimientos turísticos entre países. Además, el Parlamento Europeo ha aprobado en esta legislatura una directiva que obliga a las aerolíneas a compartir los datos del denominado Registro de Nombre de Pasajero con las autoridades policiales de los países miembros en aras a garantizar una mayor seguridad frente a amenazas terroristas.
Los próximos retos
La próxima legislatura verá la continuación de debates que siguen pendientes. Así, es previsible que se discuta si, como reclaman cada vez más países, ha llegado la hora de poner fin a las políticas de austeridad que Alemania ha defendido con tanto encono. El profesor de la UOC subraya, asimismo, que la digitalización de la economía y las negociaciones para nuevos acuerdos comerciales con actores tan importantes como China, además del Brexit, ocuparán también la atención. "Vivimos en un mundo en el que los problemas tienen un carácter global y es necesario reforzar todos los instrumentos multilaterales para llegar una cooperación que permita resolverlos. Y sobre todo en un momento en que Estados Unidos va en la dirección contraria", indica Lladós, que indica asimismo que España se apresta a vivir otro momento clave en las instituciones europeas. Es previsible que durante la próxima legislatura se convierta en contribuyente neto, por lo que pagará más de lo que reciba del presupuesto comunitario. Esto significará que podría dejar de ser beneficiaria de los fondos de cohesión, que han contribuido a financiar numerosas infraestructuras y que ahora irán destinados, sobre todo, a los últimos socios incorporados al proyecto europeo.
