El acuerdo entre el Gobierno andaluz y Vox para levantar el veto de esta formación a los presupuestos de 2018 detrae 600.000 euros destinado a asociaciones de promoción e inserción de inmigrantes para invertirlos en un plan de infraestructuras para reformar y mejorar las sedes judiciales.

Las medidas pactadas este miércoles entre el PP, Ciudadanos y Vox tendrán un impacto presupuestario de 2,1 millones sobre un montante global de 36.495 millones, de los que 1,5 millones se destinan a partidas de empleo.

El documento concreta que la dotación de 600.000 euros destinados a infraestructuras judiciales se hará mediante una enmienda parcial.

De los 1,5 millones para empleo, un millón se destinarán a auditorías de firmas privadas sobre el sector público instrumental y medio millón para asistencia jurídica y técnica para el plan de reordenación del sector público empresarial, con lo que se cubrirá el trabajo de unas quince o veinte personas durante diez meses más los gastos complementarios.

El documento no especifica de qué partidas se restarán los 1,5 millones, ya que no se puede modificar el montante total de 36.945 millones del presupuesto, pero durante su tramitación parlamentaria se pueden modificar el destino de los programas mediante enmiendas parciales.

El resto de las medidas acordadas tendrán dotación presupuestaria en el año 2020, como la puesta en marcha en la Consejería de Igualdad de un teléfono de atención "debidamente gestionado por personal cualificado para la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar" en un sentido amplio, aunque no está cuantificado.

También contemplarán los presupuestos de 2020 partidas para incorporar servicios de asesoramiento a las mujeres embarazadas que se encuentren en dificultades económicas y de cualquier otro índole para llevar a cabo el embarazos.

El titular de Hacienda, Juan Bravo, ha negado que el presupuesto tenga algún sesgo ideológico porque en materia de violencia machista lo que se ha hecho es ampliar el foco hacia la "intrafamiliar" de forma que se amplían las coberturas de los servicios para supuestos de violencia en el ámbito familiar y no solo en los casos de género.

En este sentido, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha precisado que el acuerdo incluye a las mujeres maltratadas y se ha extendido la cobertura a más colectivos como hijos de madres alcohólicas o a madres con hijos drogodependientes, entre otros.

En el apartado de memoria democrática no se introducen cambios económicos sino que se limita el 20 % de la subvención para gastos estructurales de las asociaciones y el 80 % restante para actuaciones directas en el proyecto subvencionable.

A este respecto, Hernández ha aclarado que Vox no tiene nada que objetar a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos o asesinados en la Guerra Civil, pero quiere poner límites a las asociaciones porque "algunas hacen una actividad para lanzar mensajes ideológicos que no tienen nada que ver con los desaparecidos".

Asimismo, en el presupuesto del próximo año se prevé una partida para el convenio con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir la normativa sobre inmigración ilegal; se incrementará un 30 % la dotación para el servicio de respiro familiar en relación a personas con discapacidad, y se aumentará en 100.000 euros las subvenciones a comunidades andaluzas en el exterior mediante concurrencia competitiva.

Además, se consignarán 750.000 euros en el ejercicio presupuestario de 2020 para la concesión de menciones especiales de 3.000 euros a profesores de enseñanza secundaria y de escuelas oficiales de idiomas.

No todas las medidas de las 34 incluidas en el acuerdo tienen impacto económico.