El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha fracasado en su intento de dejar sin efecto el área de bajas emisiones de Madrid Central, ya que la Justicia ha suspendido la moratoria de multas que comenzó el pasado 1 de julio y que tenía previsto durar tres meses.

Madrid Central fue una de las medidas estrellas del anterior Gobierno municipal de Manuela Carmena. El 30 de noviembre de 2018 entró en vigor este área de bajas emisiones, aunque sólo a partir del 16 de marzo comenzaron las multas por incumplimiento de la normativa, con un coste de 90 euros (45 con pronto pago).

Por esta zona, que comprende casi todo el distrito Centro de la capital, sólo pueden circular residentes, coches Eco o Cero o vehículos con etiqueta ambiental de la DGT que vayan a un aparcamiento.

Para vigilar que esta norma se respeta, el Ayuntamiento instaló un total de 115 cámaras, 60 de entrada y 55 de salida, para vigilar el perímetro, donde además hay carteles informativos para alertar a los conductores.

Madrid Central ha sido el principal caballo de batalla del nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, del PP, que ha pasado de pedir su paralización por "alarma social" a pactar con Ciudadanos la reconversión de una medida respecto a la que existe conciencia ciudadana.

El PP trató de parar en los tribunales Madrid Central porque preveía un "auténtico desastre", en palabras del entonces presidente autonómico, Ángel Garrido.

Los populares calificaron de "fake" la medida porque comenzó sin multas, pero a los pocos días de hacerse con las riendas del Gobierno municipal el PP anunció la moratoria de las sanciones, regresando así a esa misma situación.

La moratoria, que arrancó el pasado 1 de julio, tenía una duración prevista de tres meses, aunque la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), dejó la puerta abierta a reducir su duración si el Ayuntamiento finalizaba antes el diálogo sobre su reconversión y la auditoría del sistema.

Antes de poner fin a las multas, aumentó el debate social y político acerca de la conveniencia de mantener o no Madrid Central.

El pasado sábado, dos días antes de la moratoria, miles de personas acudieron a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de Madrid Central para reclamar al Ayuntamiento de la capital que mantuviera esta medida al ser una "cuestión de salud" desvinculada de los "colores políticos".

Con el mismo argumento, la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, defendió la continuidad de Madrid Central.

Por su parte, la Plataforma de Afectados por Madrid Central ha suavizado sus críticas al decir ahora que no está "a favor ni en contra" de esta medida, aunque cree que hay "cosas mejorables".

Tras la moratoria, comenzó la guerra de cifras respecto a los efectos de Madrid Central en la contaminación y en el tráfico y también la batalla judicial.

Una batalla que por el momento han ganado los defensores de Madrid Central después de que este viernes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid haya paralizado cautelarmente la moratoria de las multas.

Lo ha hecho en respuesta a un recurso presentado que esta misma por Ecologistas en Acción y Greenpeace en nombre de la Plataforma en Defensa de Madrid Central y que pedía medidas cautelarísimas.

La medida cautelarísima solicitada por los ecologistas y aceptada por el juez no admite recurso alguno y es de "inmediato cumplimiento", según el auto.

El Consistorio ha dicho que volverá a multar "cuanto antes" a los dueños de los vehículos no autorizados que accedan a Madrid Central, aunque no ha concretado cuándo, por lo que deja con la duda a millones de madrileños y visitantes de cara a los próximos días.