Ciudadanos ha propuesto agilizar la expulsión de España de aquellos inmigrantes en situación irregular que sean delincuentes reincidentes y que cometan delitos que conlleven más de un año de cárcel, como parte de una serie de modificaciones legislativas con las que busca "combatir más eficazmente el aumento de criminalidad" en las ciudades.
Así lo expone en una proposición de ley orgánica de reforma puntual del Código Penal y de la Ley de Extranjería destinada a "luchar contra la multirreincidencia en la criminalidad", que ha sido registrada este jueves en el Congreso y presentada ante los medios por el portavoz adjunto de Cs y portavoz en la Comisión de Justicia, Edmundo Bal.
Concretamente, Ciudadanos pretende modificar la ley de extranjería para que sean "expulsados automáticamente del territorio español aquellos residentes en situación irregular que cometan delitos con una pena superior a un año de prisión con la circunstancia agravante de reincidencia". Es decir, que, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza.
El Código Penal ya establece como causa de expulsión, "previa tramitación del correspondiente expediente", que "el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año".
Lo que añade a continuación Cs es que "constituirá en todo caso causa de expulsión, sin necesidad de previa tramitación del expediente", que el extranjero, encontrándose irregularmente en el territorio español, "sea condenado con la circunstancia agravante de reincidencia".
En relación con esto, la iniciativa prevé igualmente que se cambie el artículo 89 del Código Penal, para establecer que en esos supuestos "procederá en todo caso la sustitución de la pena de prisión impuesta por la expulsión del territorio español, que deberá ser ejecutada tan pronto fuere posible".
Contra quienes cometen hurtos de forma continuada
Ciudadanos ha presentado esta proposición de ley para responder al "aumento de las cifras de criminalidad" y a "la incapacidad de los instrumentos a disposición de los tribunales para combatirla".
Según señala, en los últimos meses se ha producido en algunas grandes ciudades "un repunte en las cifras de criminalidad y, particularmente, un grave incremento en el número de hurtos y de robos con violencia e intimidación cometidos en la vía pública", y detalla una serie de datos del Ministerio del Interior sobre Barcelona y Madrid.
En su iniciativa, Cs explica que la legislación actual no permite aplicar la agravante por reincidencia a aquellos sujetos que cometen hurtos de cuantía inferior a 400 euros de forma continua, de manera que no se hallan expuestos a la posibilidad de una condena mayor.
"Ello es especialmente grave si se tiene en cuenta que muchos de los individuos que son condenados por delitos de hurto acostumbran a realizar dichas acciones de forma repetida y continuada, y que las penas previstas actualmente en la ley no actúan como un elemento de disuasión lo suficientemente intenso", argumenta Cs, cuyo objetivo es que se puedan imponer penas mayores a quienes reinciden en delitos de hurto.
El tercer hurto leve será castigado como normal
Con ese fin, la proposición de ley contempla modificar el Código Penal para recoger expresamente que los requisitos para la aplicación de la agravante por reincidencia también operan para los casos de multirreincidencia en los delitos leves de hurto.
Así, se computarían los delitos leves de hurto según lo dispuesto en el artículo 235 del Código Penal, que dice que el culpable podrá ser castigado a entre uno y tres años de prisión cuando "hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos" de la misma naturaleza.
Asimismo, Cs propone que se tengan en cuenta los antecedentes penales que correspondan a casos de reincidencia en delitos leves de hurto, a los efectos de determinar o no la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel y dotar de coherencia legislativa a este precepto en relación con otros artículos que se plantea reformar.
Otro cambio que quiere introducir es que cuando los hechos cometidos se consideren delitos leves, la agravante también resulte de aplicación, aunque en estos casos no sería el tipo agravado, sino el tipo básico de hurto del artículo 234.1, aplicándose la pena en su mitad superior en caso de que concurran delitos leves y delitos menos graves.
Resumiendo el planteamiento de Ciudadanos, su portavoz ha explicado que "cuando se cometan tres hurtos de menos de 400 euros, el último hurto será castigado como si fuera un delito de hurto normal, es decir, con una pena de 6 a 18 meses de prisión". Y si esta persona residiera de forma ilegal en España, "el juez, con todas las garantías, tendrá la obligación de sustituir esta pena de prisión por la expulsión inmediata del territorio nacional", ha agregado.
Medidas contra la ocupación ilegal de viviendas
Por otro lado, la formación naranja ha registrado una proposición de ley de "garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas", un fenómeno que, según señala, "ha experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años". En lo esencial, Cs recupera una iniciativa que ya llevó al Congreso en marzo de 2018.
Desde su punto de vista, es necesario mejorar el ordenamiento jurídico porque actualmente "es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad".
Frente a este problema, plantea distintas medidas, como un endurecimiento de los castigos y que se puedan imponer penas de entre uno y dos años de prisión a quienes usen la fuerza para ocupar un inmueble. También pretende que se puedan tramitar procedimientos judiciales rápidos que permitan la recuperación inmediata de la propiedad ilegítimamente usurpada.
La iniciativa también plantea que las comunidades de vecinos puedan entablar acciones de cesación contra los 'okupas' que atenten contra la seguridad y la convivencia, o pedir al Ayuntamiento que emprenda esas acciones.
Además, Cs apuesta por modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para impedir que la ocupación ilegal de viviendas se utilice para la comisión de delitos de terrorismo, tráfico de drogas y trata de seres humanos. Así, cuando el inmueble no revista la condición de domicilio, el titular haya denunciado la ocupación y existan "indicios suficientes de la posibilidad de su utilización con fines delictivos", las fuerzas de seguridad podrán proceder a la "entrada, registro e identificación de los ocupantes".
Al mismo tiempo, esta iniciativa incluye varias medidas para proteger a aquellas personas que, habiendo sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, ya que Cs señala que a veces este es el caso de quienes ocupan ilegalmente un inmueble.
