Casi cinco meses después de las elecciones de abril, la clase política y la sociedad española vuelven a situarse en la casilla de salida. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre partidos que desbloquee la investidura de un candidato aboca al país a la celebración de nuevos comicios generales. Mientras tanto, la maquinaria del Estado sigue en marcha. La conduce el Gobierno en funciones, pero con un piloto automático que no está hecho para hacer frente a grandes desafíos. Y el país los tiene. Brexit o desaceleración económica son algunos de ellos. Si se tiene en cuenta que las Cortes quedaron disueltas el 4 de marzo y que, de continuar el bloqueo, el próximo Ejecutivo podría no estar constituido hasta comenzado el año 2020, podrían ser cerca de diez meses los que el país contaría con un Gobierno en funciones.
"El año 2019 es un año perdido en términos legislativos", dice Miguel Ángel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. En efecto, el margen de actuación del Ejecutivo en funciones queda constreñido, según el artículo de la Ley del Gobierno, al "despacho ordinario de asuntos públicos", lo que excluye la posibilidad de sacar adelante nuevas leyes. "Cualquier iniciativa legislativa decae, como ha ocurrido en el caso de la proposición sobre la eutanasia", indica el docente asturiano. "Pasa a ser un Gobierno de gestión, no de decisión", añade.
"El año 2019 es un año perdido en términos legislativos. El Gobierno en funciones es un Ejecutivo de gestión, no de decisión"
Miguel Ángel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo
La Ley del Gobierno recoge que el Ejecutivo en funciones no puede aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni tampoco presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados y, en general, deberá abstenerse de adoptar otras medidas "salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique". Hasta ahora, los Gobiernos en funciones en España tenían una vida aproximada de unos tres meses, pero la situación surgida en 2019 es inédita en la historia de la democracia hace que el actual vaya a alargar su período de actividad al menos nueve meses, lo que a juicio de Presno Linera podría introducir algún problema de interpretación de cuales son los aspectos en los que no puede inmiscuirse. "Por ejemplo, un Gobierno en funciones que puede aprobar decretos-ley, pero no gobernar a base de ellos. Y además deben estar justificados", destaca.
Son varias las lecturas políticas que se extraen de una situación no antes experimentada en España. El país no se detiene, "pero falta un impulso político. Estamos viviendo de las rentas, de la inercia generada por los anteriores Gobiernos. Seguimos funcionando con los Presupuestos aprobados por Cristóbal Montoro", último ministro de Hacienda del PP, recuerda Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. En cierta manera, la política española empieza a presentar analogías con la italiana, donde las rupturas, las negociaciones y los acuerdos inverosímiles - como los alcanzados en 2018 por Cinco Estrellas con la Liga y, en las últimas semanas, con el Partido Democrático - se suceden a ritmos imprevisibles. Pero todo eso conlleva peligros, advierte el analista de la Universidad de Navarra. "Los italianos están mucho más habituados a eso. Las culturas políticas de cada país son distintas. Allí, pese a las crisis de gobierno, se mantiene la vitalidad económica, que está al margen de lo demás. Que los españoles caigamos en un estado como el de la política italiana sería peligroso", explica.
Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Josep Borrell, Dolores Delgado y Margarita Robles escuchan a Pablo Casado. EFE
¿Qué consecuencias está teniendo esta parálisis legislativa? Con un Gobierno en funciones, no es posible abordar reformas que los agentes económicos y sociales llevan años reclamando, como las de las pensiones, las leyes laborales, la educación, la vivienda o la financiación autonómica. Un caso palmario de este último apartado lo constituye la actualización de las entregas a cuenta del sistema a las comunidades autónomas, que no ha podido ser ejecutada al estar el Ejecutivo en funciones. No obstante, muchas de estas reformas no han logrado avanzar únicamente por esta situación, sino que están pendientes desde 2015, cuando las elecciones de diciembre de aquel año, marcadas por la irrupción de nuevas fuerzas políticas, introdujeron un panorama de progresiva polarización ideológica. Pese a todo ello, el país sigue funcionando. Como explica Presno Linera, "no es necesaria una ley para cada asunto", pero sí "un gobierno que ejecute y marque una dirección". "La Administración sigue en marcha, pero falta un impulso político, sobre todo en el período que viene, donde va a haber muchos desafíos", subraya Jordi Rodríguez Virgili. Ahí están la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 31 de octubre, la próxima sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso soberanista catalán o los cada vez más frecuentes avisos de ralentización económica.
"La maquinaria del Estado sigue en marcha, pero falta un impulso político. Y vienen importantes desafíos, como el Brexit y la economía"
Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra
Las consecuencias no atañen solo a los ámbitos políticos o legislativos. También afectan a la calidad de la vida democrática. "La sensación generalizada entre la sociedad es de decepción con la política. La gente tenía la sensación de que no se estaban pidiendo imposibles para alcanzar acuerdos. Ha habido una profunda irresponsabilidad de los políticos. Se está avanzando hacia una polarización, lo cual no es positivo para la democracia. La sociedad extrae el mensaje de que si los políticos no se fían entre ellos, porqué iban los ciudadanos a confiar en esos mismos dirigentes", explica el docente de la Universidad de Oviedo. "Existe una cierta sensación de orfandad y parálisis", subraya el profesor Presno Linera.
