05 de diciembre de 2019
05.12.2019
Levante-emv
Investigación

El Ayuntamiento de Barcelona, expulsado de la causa que investiga cargas del 1-O

El tribunal argumenta que el consistorio no posee una habilitación expresa para ejercer la acción penal

05.12.2019 | 21:44
Agentes de la Policía Nacional, en el colegio Ramón Llull el 1-O.

La Audiencia de Barcelona ha expulsado al Ayuntamiento de la capital catalana como acusación popular en la causa en la que se investigan las cargas de la Policía Nacional para impedir el referéndum del 1-O en los centros de votación de la ciudad.

En un auto, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona estima el recurso que la Abogacía del Estado presentó contra la personación del Ayuntamiento de Barcelona en la causa por las cargas, al que se adhirió la Fiscalía, y acuerda excluir al consistorio del procedimiento.

El tribunal basa su resolución en un acuerdo que el pleno de la Audiencia de Barcelona aprobó por unanimidad el pasado mes de noviembre, en el que exige que las "personas jurídico públicas" que quieran ejercer la acusación popular en un caso deben contar con una "habilitación expresa" para el ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, según la Audiencia, "no existe norma expresa habilitante que autorice al Ayuntamiento de Barcelona para ejercitar la acusación popular" ya que no existe un documento que contenga algún "término del que pueda deducirse tal legitimación".

El tribunal discrepa así del titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales, y que el pasado mayo desestimó el recurso presentado por la Abogacía del Estado al entender que la Carta Municipal habilita al consistorio para ejercer la acusación popular.

De acuerdo con dicho texto, corresponde al Ayuntamiento "velar para que en la ciudad no se produzcan conductas discriminatorias negativas" así como "garantizar la protección física de las personas y bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria".

Sin embargo, la sala considera que "así como el ente público no puede arrogarse una acción pública penal con la excusa de su posible conexión con alguna de sus competencias, tampoco puede el Ayuntamiento de Barcelona, con la misma excusa, pretender el ejercicio de la acusación popular, so pena de incurrir en una interpretación exorbitante e incompatible con la habilitación expresa que exige la doctrina y la jurisprudencia".

Para la sala, la Carta Municipal no es válida como justificación porque "no hace expresa mención a la acción penal, ni siquiera a la posibilidad de accionar ante un proceso judicial, ni de otra naturaleza".

"Simplemente hacen referencia a deberes genéricos de la Administración, principios programáticos que deben inspirar su función", matiza.

Asimismo, la Audiencia concreta que los artículos referidos del texto municipal se refieren a "efectos derivados de calamidades públicas" que puedan afectar "al conjunto de la población", lo que, a su juicio, "en modo alguno" sucedió el 1-O.

Descarta también el argumento de "trascendencia mediática" alegado por el consistorio al entender que, de darse por buena, el Ayuntamiento tendría legitimidad para personarse como acción popular en cualquier caso que involucrase a personas con "notoriedad pública", lo que tachan de "desproporcionado y, a todas luces, inaceptable".

Tras conocerse el auto, el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, ha lamentado la "muy mala noticia" y ha asegurado que lo es "no sólo para el Ayuntamiento de Barcelona, sino sobre todo para el conjunto de la ciudad".

Ha criticado además que se haya expulsado al consistorio de esta causa y no a Vox del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo: "Deberíamos preguntarnos cómo puede ser que se normalice la presencia de un partido fascista de extrema derecha y en cambio se expulse a un Ayuntamiento como el de Barcelona, que lo único que persigue con esta causa judicial es el respeto a los derechos humanos".

Por último, ha subrayado que la causa del 1-O "seguramente estaría cerrada si no fuera por esta acusación popular", porque la Fiscalía, ha criticado, se ha dedicado a "obstruir la investigación en todo momento".

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