Diferentes sindicatos docentes considera "ilegal" el pin parental, la propuesta de Vox aceptada por gobiernos autonómicos como Murcia y Andalucía, y recuerdan que existen numerosos mecanismos de control, incluso para las familias, sobre los contenidos curriculares y los planes educativos en los centros educativos.

"En los colegios no se adoctrina en ningún caso porque está garantizado que el proyecto educativo cumple con los criterios constitucionales", sentencia el presidente de educación del sindicato CSIF, Mario Gutiérrez, que considera el debate sobre el 'pin parental' demuestra la "falta de miras" de políticos que "meten cuestiones ideológicas en la educación".

En ese sentido, Gutiérrez lamenta que no exista un Pacto Educativo que impida estas polémicas, que considera recurrentes, recordando los ríos de tinta que provocó la introducción de la asignatura Educación para la Ciudadanía en 2006, con la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En un centro educativo, "todas las actividades están aprobadas por el equipo directivo, por los órganos del gobierno y supervisados por la inspección educativa", enumera el representante de CSIF. "Y quien lo incumple puede ser denunciado", apostilla.

El presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández, también considera "innecesaria" la autorización expresa que reclama Vox para que los padres elijan a qué actividades complementarias en horario lectivo asisten sus hijos. "Creemos que los padres pueden elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, pero no somos partidarios de esta iniciativa", apunta a Europa Press.

ANPE afirma que el 'pin parental' "va contra la autonomía pedagógica de los centros y puede socavar la libertad de cátedra de los profesores". Un "exceso", en opinión de este sindicato, para convertir la educación "en un nuevo frente ideológico".

Para el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, el 'pin parental' es un "despropósito manifiestamente ilegal" que su sindicato ya ha recurrido ante los tribunales en Murcia, la primera región española en implantarlo.

"Ahora porque está en cuestión la educación afectivo-sexual, pero esto es un pozo sin fondo. Mañana lo puede usar un creacionista contra Darwin o un 'terraplanista' en las clases de Geografía", expone a Europa Press el representante de CCOO.

Desde UGT, su sector de enseñanza ha manifestado que "no va a tolerar el ataque que algunas organizaciones y partidos políticos alejados de los principios constitucionales están dirigiendo al profesorado de los centros públicos".

En un comunicado, este sindicado califica de "intolerable" la imposición en Murcia del 'pin parental', que también considera "ilegal", y aplaude la decisión de la ministra de Educación y Formación Profesional de recurrir su implantación en Murcia.

Manifiesto

Por otro lado, un total de 103 colectivos sociales y políticos de toda España se han adherido hasta el momento a un manifiesto que exige la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación de Murcia, y manifiesta su "absoluto rechazo" al pin parental.

Para los firmantes, esta medida "contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y, lo que es más importante, contradice el derecho fundamental de los niños y adolescentes a recibir una formación integral basada en los principios y valores de nuestra democracia, como la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia y el respeto a la diversidad".

En el manifiesto, se aclara que las actividades complementarias que deben ser autorizadas con el pin parental por las familias están incluidas en la programación que los centros, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y son obligatorias y evaluables, por lo que "contra ellas no existe objeción de conciencia".

"Confiamos en el criterio y la profesionalidad de los docentes y consideramos inadmisible que se les censure en su ejercicio docente", sostiene el comunicado, que insiste en que no pueden hacer optativos "en la escuela valores que en nuestro país no son opcionales desde hace más de cuarenta años".

Además, insisten en que el pin parental contraviene, entre otras, la Ley de Igualdad Social LGTBI de la Región de Murcia, la legislación sobre violencia de género de la Región de Murcia, la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño.

Entre los firmantes se encuentran asociaciones de mujeres, apoyo a la infancia, de jóvenes, padres de alumnos, ecologistas, docentes y vecinales de Murcia y otras regiones del país, así como los partidos PSOE, Podemos, IU y Equo, y los sindicatos UGT, CCOO, Sterm, CGT e Intersindical, entre otros colectivos.