El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad trasladar a Fiscalía si el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los de la Mesa Josep Costa y Eusebi Campdepadros, vicepresidente primero y secretario primero del órgano, desobedecieron sus resoluciones al permitir la tramitación en la Cámara catalana de dos propuestas de resolución que reiteraban el derecho a la autodeterminación de Cataluña y la reprobación del rey Felipe VI pese a que ya habían sido anuladas por el alto tribunal.

La decisión de los 12 magistrados que componen el pleno obedece a la petición formulada en este sentido en dos de los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado. Esta no es la primera vez que el alto tribunal opta por la vía de la deducción de testimonio; también lo hizo para la abrir la vía penal con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La fiscalía entendió que efectivamente había desobedecido al tribunal de garantías y presentó las correspondientes querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, actuaciones que se acabaron incorporando al procedimiento contra los líderes del 'procés' seguido en el Tribunal Supremo, por el que la política de ERC acabó siendo condenada.

En este caso, el Constitucional ha actuado contra Torrent por dos resolución aprobadas en octubre condenando precisamente esa sentencia del Supremo y en la que se insistía en el ejercicio de la autodeterminación y se reiteraba la reprobación del Rey, después de que el propio Constitucional hubiera advertido a la Mesa de la posibilidad de incurrir en desobediencia de continuar adelante con la resolución.

En uno de los autos, el Constitucional anula los acuerdos de la Mesa del Parlament de 22 y 29 de octubre de 2019 que habían admitido a trámite, para su debate y aprobación en el pleno de la Cámara una propuesta de resolución por la que, entre otras decisiones, reiteraba la reprobación de la monarquía. En ella, en relación a lo ocurrido el 1-O, el Parlament decía que reiteraba y "reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía..."

Para el tribunal tanto el presidente del Parlament, como el vicepresidente primero y secretario primero de la Mesa incumplieron al permitir esa tramitación el art. 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que establece que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal resuelva.