El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado un recurso de súplica contra el auto mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó abrirle una nueva causa por negarse a retirar una pancarta con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados'.

Se trata de un recurso de súplica contra el auto del 3 de febrero, en el que el TSJC acordó abrir una nueva investigación a Torra por desoír una orden de quitar del balcón del Palau de la Generalitat esa pancarta, finalmente retirada por los Mossos d'Esquadra. En su recurso, Torra pide "revocar" el auto por "falta de imparcialidad y por constituir una injerencia ilegítima en el derecho fundamental a la libertad de expresión".

Torra, que ya fue condenado por el TSJC a año y medio de inhabilitación -sentencia que aún no es firme- por negarse a retirar a tiempo en periodo electoral una pancarta en favor de los presos, alega que los tres magistrados firmantes del auto "han participado en otra causa por delito de desobediencia" contra él: Jesús Barrientos, Mercedes Armas y Carlos Ramos.

Sobre el magistrado Carlos Ramos -que "ocupa su plaza en el TSJC gracias a la propuesta formulada por el PSC" en el Parlament-, el recurso señala que, al ser "designado por segunda vez instructor de una causa que versará sobre el mismo objeto que el anterior, está claramente contaminado para conocer de la presente causa".

Torra invoca además el artículo 57 del Estatut para subrayar que, como diputado del Parlament, en el momento de los hechos disponía de "inviolabilidad" por los votos y las opiniones que pudiese emitir en ejercicio de su cargo. Según Torra, hay en este caso una "insoportable injerencia del poder judicial en la actividad del poder legislativo y ejecutivo".

Argumenta asimismo que "la exhibición de símbolos o mensajes no es una actividad administrativa" y remarca que la pancarta que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat "no es distinta del lazo amarillo" que luce Torra en la solapa en sus actos públicos o de "los colores de España que otras autoridades lucen en sus muñecas".

Denuncia que "esta resolución, dictada por magistrados no imparciales", es una nueva expresión de "persecución política de carácter ideológico".

"Las pancartas no gustan, el mensaje político disgusta enormemente y sobre todo, más que apartar al president, se persigue un efecto desaliento. Venga quien venga a presidir la Generalitat en los años venideros, lo que habrá de tener en cuenta es que no todos los carteles y simbología exhibida en edificios públicos serán del gusto del poder judicial, elegidos muchos de sus miembros por extracción partidista", añade.