La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha esperado hasta las 21.30 horas de este jueves para anunciar vía twitter que no comparecerá voluntariamente como imputada ante el instructor de la causa abierta por la fragmentación de contratos mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre enero de 2013 y el mismo mes de 2018.

La diputada catalana afirma haber comunicado al alto tribunal que no comparecerá porque entiende que esa causa no existiría si ella no fuera una "conocida independentista". A través de varios tuits se declara satisfecha con la labor desempeñada en ILC y trata de vincular su caso con el procedimiento que concluyó con la condena de los líderes del 'procés', porque el fiscal al que corrresponde, Javier Zaragoza, fue uno de los cuatro que representaron al ministerio público en el juicio.

El instructor del procedimiento contra Borràs, el magistrado Eduardo de Porres, le ofreció la posibilidad de comparecer ante él este viernes para prestar declaración y justificar los hechos que se le imputan, sin necesidad de librar un suplicatorio al Congreso, opción por la que se han inclinado todos los aforados desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en 2002 permitió estas comparecencias voluntarias. Ahora De Porres procederá a pedir a la Sala de lo Penal que lo curse, lo que se materializará a través del presidente del alto tribunal.

Fuentes del alto tribunal señalan que desde la introducción del artículo 118 bis, que permite eludir el trámite del suplicatorio al Congreso o al Senado, solo el diputado de Unidas Podemos Diego Cañamero ha renunciado a comparecer voluntariamente, pese a dársele la oportunidad. Le salió bien la jugada porque el Supremo no llegó a tramitar su suplicatorio al entender menores los hechos que se le imputaban relativos a unas presuntas coacciones durante una huelga.Mero retraso

Sin embargo, en el caso de Borràs, su plantón al Supremo con el que renuncia a la posibilidad de colaborar con la justicia, lo único que hará será retrasar la tramitación de su causa. Una vez cursado el correspondiente suplicatorio, nada la salvará de declarar como imputada por cuatro delitos de corrupción: prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Las pruebas contra la portavoz de JxCat son tan abrumadoras que es altamente improbable que le ocurra lo que le pasó al entonces diputado del PSOE José Blanco, cuyo suplicatorio no fue finalmente tramitado por la Sala de lo Penal, pese a la propuesta del instructor. Se entendió que su intermediación en el 'caso Campeón' no fue constitutiva del delito de tráfico de influencias del que se le acusaba porque solo propició una entrevista y no presionó para lograr la consiguiente adjudicación.

En la exposición razonada que hizo que el Supremo asumiera la causa contra Borràs hay hasta correos electrónicos suyos en los que dice cómo se debe trocear y presentar un presupuesto para ser adjudicatario de un contrato de la entidad que ella dirigía.

Esos mails aparecieron en la causa por narcotráfico que se siguió contra el informático Isaías Herrero, también imputado ante el Supremo al arrastrarle la propia Borràs. Él era el beneficiario de la fragmentación de los contratos. En una de las conversaciones que se le intervenieron le confiesa a su socio que con Borràs tenía unos "trapis". También le auguraba un futuro prometedor en política que podían conducirla hasta el Ministerio de Cultura, donde esperaba continuar la relación que resultaba tan beneficiosa para sus intereses.