17 de febrero de 2020
17.02.2020
'Procés'

La Fiscalía se querella por malversación contra el jefe de la oficina de Puigdemont

El ministerio público acusa a Alay de "abusar" de su cargo para que la Generalitat le pagara un viaje

17.02.2020 | 17:02
El historiador Josep Lluís Alay.

La Fiscalía se ha querellado contra el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, al que acusa de malversación y prevaricación, por "abusar" de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580 euros de un viaje en 2018 como observador del referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia.

Esta querella contra Alay, una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando el expresident fue detenido en marzo de 2018 en Alemania en virtud de una orden el Tribunal Supremo, ha recaído en el Juzgado de instrucción 28 de Barcelona y también se dirige contra la secretaria general de Presidència, Meritxell Masó, por autorizar los gastos bajo sospecha.

Puigdemont, que recientemente ha logrado la condición de eurodiputado, dispone de una oficina regulada por una ley catalana de 2003 sobre el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat, que en su caso dirige el historiador Josep Lluís Alay.

En un comunicado, la oficina del expresidente Puigdemont ha denunciado una "persecución" contra Alay, por esta causa por malversación y prevaricación abierta, entre otros motivos, a raíz de un viaje como observador que efectuó en 2018 a Nueva Caledonia.

En la querella, la Fiscalía detalla que Alay, "abusando" de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont, se "excedió" en las funciones que tiene atribuidas y se "apartó" de su obligación de servir a los intereses generales con el propósito de lograr un "enriquecimiento ilícito".

En concreto, según la Fiscalía, logró que la Generalitat, gracias a la autorización "manifiestamente arbitraria e injusta" de la también querellada Meritxell Masó, se hiciera cargo de los gastos por valor de 4.580 euros de su viaje a Nueva Caledonia, pese a que aquella actividad no se encontraba entre las que tenía atribuidas al frente de la oficina del expresidente.

El viaje tuvo lugar durante el referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia, respecto a Francia, en noviembre de 2018, que perdieron los independentistas. Durante su estancia en Nueva Caledonia como observador, invitado por una de las organizaciones políticas, Alay utilizó su cuenta de Twitter para realizar "comentarios particulares" sobre su estancia, según la Fiscalía.

Desde la oficina alegan que Alay fue invitado por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, la fuerza independentista en esta región francesa de ultramar. Y resaltan que ya han demostrado que las actuaciones de la oficina de Puigdemont son "perfectamente transparentes y justificadas", por lo que consideran que el procedimiento contra Alay responde a "razones políticas y no legales".

11 euros de un peaje

Otro de los gastos públicos presuntamente injustificados que la Fiscalía atribuye a Alay, según la oficina del expresidente catalán, son 11 euros de un peaje para ir a la cárcel de Lledoners, donde permanecen los líderes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo.

Según la querella, la Generalitat reintegró a Alay los gastos correspondientes a los peajes de la autopista a Lledoners el 3 de septiembre de 2018, pese a que "no existe razón alguna" que lo justifique, al igual que ocurre, a su entender, con el viaje a Nueva Caledonia.

En su escrito, aunque no lo incluye en el apartado sobre hechos supuestamente delictivos, la Fiscalía también detalla que desde su nombramiento al frente de la oficina, la Generalitat se ha hecho cargo de los gastos de alojamiento, desplazamientos, peajes, taxis y manutención de Alay en varios de los viajes en que ha acompañado en 2018 y 2019 a Puigdemont.

Entre ellos, el ministerio público cita viajes a Edimburgo, Amsterdam, Islas Feroe, Londres, Ginebra, Londres y Dublín, donde Puigdemont "ha impartido conferencias, ha dado entrevistas o ha mantenido encuentros, en los que ha aprovechado para 'internacionalizar el conflicto catalán'".

El coste de esta investigación

La ley y posterior decreto que regulan desde 2003 las prerrogativas de los expresidentes de la Generalitat establecen que podrán disponer de una oficina con tres personas adscritas a su servicio a cargo del erario público, como personal eventual del departamento de Presidencia, y con una dotación presupuestaria para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, si es preciso, gastos para el alquiler de inmuebles.

La oficina del expresidente Puigdemont ha denunciado que la Fiscalía, "directa o indirectamente", haya gastado en esta investigación "mucho más dinero público del que se acusa a Alay de malversar". Por ello, anuncian que van a iniciar "un trámite legal para pedir explicaciones por este tipo de investigaciones prospectivas que van a cargo de todos los contribuyentes".

La Audiencia Nacional acordó el pasado viernes archivar la causa por encubrimiento que Alay tenía abierta por acompañar a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018, procedimiento en el que han quedado a las puertas de ir a juicio los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que viajaban con el expresidente catalán.

En este procedimiento también se ha archivado la acusación contra el empresario y senador Josep Maria 'Jami' Matamala, que iba junto a Alay en el mismo vehículo de Puigdemont cuando el expresidente fue arrestado.

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