La exministra de Justicia Dolores Delgado ha indicado a los grupos parlamentarios que el Ministerio Publico "estudiará caso a caso" a la hora de decidir si, durante su etapa como próxima fiscal general del Estado, existen motivos para que se abstenga de tomar decisiones en algunas causas penales.
Lo ha señalado a preguntas del diputado del PP Luis Santamaría, que, como Ciudadanos, le ha cuestionado si cuando sea fiscal general se abstendrá en procedimientos como las causas derivadas del "procés" o la investigación al excomisario José Villarejo.
Durante el turno de réplica a los grupos en la Comisión de Justicia del Congreso, ante quien ha comparecido como paso previo a su nombramiento, Delgado ha explicado que la fiscal general interviene en "contadísimos asuntos" y que no existen "causas generales de abstención".
Ha subrayado que, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, "la ideología" no "computa" para una recusación y que no "bastan las sospechas, sino que debe haber "dudas objetivas y legalmente justificadas".
Aún así, ha señalado que "habrá de valorarse" caso a caso si "procede o no una determinada abstención".
De cualquier modo, ha garantizado que su actuación "se va a atener siempre, siempre, al principio de legalidad, de imparcialidad y de transparencia".
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece las mismas causas de abstención para los fiscales que las recogidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para los jueces.
Según dicha ley, deben abstenerse aquellos que hayan "ocupado cargo público, empleo o profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente" en la causa, y cuando reingresen en la Carrera, deberán abstenerse "de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".
Venir del Gobierno, "una fortaleza"
Sobre su nombramiento, Delgado ha afirmado que el hecho de haber sido ministra de Justicia antes de asumir el cargo de fiscal general del Estado "no debe entenderse como una debilidad, sino como una fortaleza" en la actuación de un servidor público.
"No debería llamar la atención ni debería producir desasosiego que quienes nos representan en el poder legislativo, quienes lo hacen en el ejecutivo y quienes desempeñan cargos judiciales o fiscales hayan podido ostentar alguna otra representación", ha manifestado Delgado ante la Comisión de Justicia, el último trámite que debe superar antes de ser nombrada fiscal general.
La exministra ha subrayado que el propio diseño del sistema preserva "la autonomía, la imparcialidad y la independencia" de los fiscales" y ha instado a los grupos a valorar su idoneidad como servidora pública.
Los fiscales son, ha insistido, "autónomos frente al poder ejecutivo y responsables ante la sociedad" y ante la jerarquía interna.
A su juicio, "reducir la Fiscalía a una institución bajo permanente sospecha" o presentarla como un organismo "sometido a los vaivenes políticos" es "injusto" para todos los profesionales que cada día acuden a su puesto de trabajo para defender la legalidad.
Delgado, recibida con gran expectación mediática en el Congreso ante la polémica que generó que Pedro Sánchez para el cargo de fiscal general, ha recordado también la existencia de sistemas de "corrección" en el propio Estatuto Fiscal para garantizar la autonomía de los fiscales en esa jerarquía del Ministerio Público.
No obstante, ha señalado que sólo deben ser utilizados "de manera excepcional, transparente y motivada", para asegurar el principio de unidad de actuación que garantiza que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y también para corregir excesos o errores que puedan producirse.
La exministra ha repasado su currículum ante los diputados y sus treinta años en la carrera fiscal y les ha garantizado que siempre ha actuado guiada por los principios constitucionales de "defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés publico" y con las víctimas como su "guía".
Defensa del modelo de elección
Pero antes de presentar su trayectoria profesional, ha defendido el modelo de elección del fiscal, propuesto por el Gobierno y con intervención después tanto del poder judicial como del legislativo.
La función del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), ha incidido, se limita a "constatar objetivamente si concurren" los requisitos exigidos en la ley; que el candidato es un jurista español de reconocido prestigio de más de 15 años de trayectoria.
En su caso, el CGPJ se dividió y avaló su candidatura por 12 votos a 7, eliminando del informe palabras habituales en ese tipo de dictámenes como "idoneidad" o "méritos".
