España y Argelia se sentarán a negociar en el futuro el reciente conflicto abierto por la limitación de las fronteras marítimas, que la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha Gonzáles Laya, calificó este miércoles como de "un solapamiento que necesita negociación".
En una rueda de prensa ofrecida durante su primer viaje oficial a Argel, la ministra aseguró que las relaciones entre ambos países "gozan de muy buena salud", hasta el punto de que se ha examinado la posibilidad de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viaje a Argelia el próximo mes de abril para estrechar aún más los lazos.
"Argelia es un país vecino pero también estratégico, de ahí que queramos mandar una señal muy fuerte. Hemos seguido los acontecimientos en Argelia y fuimos el primer país en felicitar al nuevo presidente", Abdelmejid Tebboune, elegido el pasado 12 de diciembre con la mayor abstención de la historia y en medio de una protesta popular continua que desde febrero de 2019 exige cada martes y cada viernes en la calles la caída del régimen militar.
"Hemos tratado la emigración, cuestiones de terrorismo en el Sahel, temas energéticos y la posibilidad de elevar las relaciones a una velocidad superior. He transmitido el deseo del presidente Sánchez de visitar Argelia el mes de abril que viene y de celebrar en España la próxima reunión de alto nivel para examinar las relaciones estratégicas", afirmó Gonzalez Laya.
Polémica por las aguas territoriales
El viaje de la ministra española ha estado rodeado de cierta polémica, tanto por la decisión de las autoridades argelinas de cancelarlo en el último minuto en dos ocasiones como por el conflicto sobre el límite de las aguas marítimas, que Argelia extendió de forma unilateral hace dos años hasta incluir las aguas que rodean la isla española de Cabrera en el marco de una Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Una ambición que el régimen argelino albergaba desde 1994, año en el que anunció que ampliaba de forma unilateral sus aguas jurisdiccionales un máximo de 53 millas marítimas -95,5 kilómetros-, superando de esta manera la franja de 12 millas que se atribuyen tradicionalmente los países mediterráneos.
La decisión, que fue después retirada tras las protestas del gobierno español, estaba incluida en un decreto ley elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca y aprobado por el Consejo de Ministros, y su objetivo declarado era 'potenciar la industria de la pesca y poner fin al monopolio que sobre este sector mantiene la Administración desde 1976'.
En un decreto hecho público en abril de 2018, Argelia aseguró que a partir de esa fecha y 'en su zona económica exclusiva, ejerce sus derechos soberanos y jurisdicción de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en particular la Parte V'.
El régimen argelino argumentaba que 'en el derecho del mar, una zona económica exclusiva es un área marítima sobre la cual un Estado ribereño ejerce derechos soberanos en materia de exploración y uso de recursos'.
'Mientras que las aguas territoriales se extienden hasta 12 millas náuticas (21,6 kilómetros) desde la línea de base estatal, la ZEE se extiende hasta 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) desde sus costas al máximo. Más allá de eso, son aguas internacionales. Las nuevas disposiciones se vuelven aplicables contra terceros Estados', recalcaba.
Acusación a la prensa española
A este respecto, la ministra Gonzalez Laya dijo que en cuanto a la delimitación "estamos al cien por cien de acuerdo en dos puntos: uno, que los dos tenemos derecho a fijar nuestras fronteras marítimas. España lo tiene y Argelia lo tiene porque así lo reconoce la convención de Naciones Unidas. Pero los dos estamos también de acuerdo que cuando existe un solapamiento de aguas como es el caso entre España y Argelia, el trazado de la frontera necesita una negociación que aún no hemos comenzado. Estamos en ello".
"Solo para clarificar, tanto Marruecos, como España como Argelia han expresado su deseo de delimitar las zonas marítimas, es el primer paso. Este primer paso se hace para arrancar un proceso. No existe una delimitación unilateral, hay una expresión de voluntad de delimitar. Luego, una vez superada esta etapa, existe una segunda etapa que es la de trazar específicamente la línea de esa frontera marítima. No habrá delimitación sin negociación", recalcó la canciller.
Más contundente se mostró su colega argelino, Sabri Boukhadoum, quien insistió en que "no existe ningún conflicto en la frontera marítima" y acusó a la prensa española de manipular y fabricar una mentira.
"Todo lo que se ha informado a través de ciertos medios de prensa españoles y algunos parlamentarios no son más que mentiras. Argelia es un país pacifista que no tiene ninguna intención hostil respecto a España con la que queremos seguir teniendo relaciones de cooperación", afirmó.
Dependencia petrolera
Esa relación está marcada por la dependencia que ambos países tienen del petróleo y el gas argelino, que suponen la única riqueza explotada de un país en crisis económica, sin tejido industrial, sostenido en una economía capitalista de corte socialista en el que los subsidios a la vivienda y a los bienes esenciales y el empleo público mantienen la cada vez más precaria paz social.
Argelia importa prácticamente la mayor parte de lo que consume mientras que el petróleo y el gas suponen más del 95% de sus exportaciones.
El desplome de los precios del petróleo en 2014 agudizó la crisis e indujo al régimen argelino a recurrir a las reservas nacionales de divisas para conservar lo subsidios. Una decisión que ha hecho que las citadas reservas, calculadas en 178.000 millones de dólares en 2014, se haya reducido a la mitad en apenas cinco años.
España, por su parte, también depende del gas argelino, ya que este supone el 54 por ciento de las importaciones anuales y es el motor principal de la industria española.
Ambos países colaboran también en otros asuntos, como la seguridad en el Sahel -con particular atención a la fragilidad de la frontera de Argelia con Mali, un territorio dominado por grupos yihadistas y mafias dedicadas al contrabando de armas, personas y combustible- y la migración irregular, que en los últimos dos años se ha disparado desde la nación nortafricana a España.
