El Govern ha aprobado este lunes una resolución que pide el confinamiento total de la ciudadanía en Cataluña de forma obligatoria, salvo algunas excepciones, y ha pedido al Gobierno central que lo autorice, ya que es la autoridad competente, en pleno estado de alarma. "No es la hora de proclamas patrióticas, es la hora de tomar medidas reales y efectivas como ha hecho el Govern; que el Gobierno autorice esta resolución", ha resaltado el conseller del Interior, Miquel Buch, en una rueda de prensa telemática.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya hizo este pasado domingo un llamamiento a los catalanes a "autoconfinarse", una petición que este lunes se ha plasmado en este decreto del Govern firmado por el conseller Miquel Buch y la titular de Salud, Alba Vergès.
"Proponemos un confinamiento para que nadie pueda salir de casa", ha remarcado Buch. El titular de Interior ha explicado que esta resolución, en situaciones normales, sería tramitada al poder judicial para que lo autorizara, ya que afecta a derechos fundamentales, pero una situación de estado de alarma como la actual "obliga a que pase por el Gobierno de España".
En este sentido, Buch ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que haya optado por "subordinar, en lugar de colaborar" con las autonomías y ha argumentado que la propuesta de la Generalitat de confinamiento total no responde a una "ideología política", sino a "recomendaciones médicas y técnicas".
Dicha resolución, que solo tendría validez si la aprobara el Gobierno central, establece limitar la libre circulación de personas en Cataluña, a pie o en transporte privado o colectivo, y ordenar el confinamiento en hogares, con una serie de excepciones.
Desplazamiento individual
Entre ellas destaca el suministro de productos sanitarios y alimentos en lugares de consumo y la producción de los mismos, así como el desplazamiento al lugar de trabajo de servicios de seguridad, emergencias, protección civil, salud pública, servicios penitenciarios o escuelas de justicia juvenil.
También se permitiría la movilidad de servicios sociales, residenciales, forenses, fúnebres, meteorológicos, de infraestructuras, transportes, suministros de agua, recogida de residuos, así como la radio y la televisión con perspectiva de servicio público.
La resolución solo autoriza los desplazamientos de forma individualizada, no en grupo, salvo casos de menores y dependientes con sus tutores.
El decreto también establece una reducción del transporte público a un 5 % de su servicio habitual. El incumplimiento de las medidas comportaría las sanciones previstas y otras responsabilidades del ordenamiento jurídico vigente, ha dicho Buch.
