El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha indicado este miércoles que desde el 8 de marzo hasta este martes se han producido 6.056 muertes de ancianos en residencias de la región, un número de fallecimientos a los que hay que sumar -ha advertido- las muertes en hospitales, en hogares o en la calle.

En este sentido, el vicepresidente ve razonable la petición del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), de trasladar a los sanitarios que se estén replegando de los hospitales a las residencias de mayores para medicalizarlas. "Yo creo que no se puede desaprovechar ni una mano de los sanitarios, y si el consejero de Políticas Sociales considera que reforzar el personal sanitario en las residencias, seguramente haya que hacerlo", ha manifestado en una entrevista en Onda Madrid.

Las cifras aportadas este miércoles por Aguado contrastan con las ofrecidas este martes en una comparecencia por el consejero de Sanidad Ruiz Escudero, que cifró en 2.820 los ancianos que han fallecido "con síntomas" de Covid-19 en las residencias de la región, mientras que 616 personas sospechosas de haber contraído el virus han muerto en domicilios y 4 en la vía pública.

Aguado, que ha reiterado este miércoles que la Comunidad de Madrid acumula más de 10.000 muertos positivos o sospechosos de tener coronavirus, ha asegurado que desde el pasado 8 de marzo hasta ayer, 14 de abril, se han registrado 6.056 fallecimientos en residencias de la región.

Los últimos datos que aportó recientemente el vicepresidente al respecto, señalaban que del 8 de marzo al 8 de abril habían fallecido 4.750 personas mayores en estos centros, de las cuales 3.479 habían mostrado algún tipo de sintomatología y 781 habían sido confirmados como portadores de coronavirus.

Por lo que en una semana, y según las cifras aportadas hoy por el vicepresidente regional en comparación a las últimas, el número de muertos registrados en residencias ha crecido en 1.306.

Sanidad, en manos del PP, asumió el mando único en las residencias de la región para aplicar un plan de choque después de que Políticas Sociales, dirigida por Ciudadanos, exigiese la medicalización de las residencias, que 20 días después no se ha producido según el consejero Alberto Reyero.