Los "responsables sanitarios" tenían un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad" al menos desde el 5 de marzo y a partir de esa fecha "no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas en la Comunidad de Madrid". Son las conclusiones del último informe que la Guardia Civil ha entregado en la operación Sanitario a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga si hubo un delito al autorizar esas manifestaciones. El contenido de ese informe provocó la destitución, el lunes, del coronel Pérez de los Cobos, superior jerárquico de los guardias civiles que llevan las pesquisas.

La juez ha imputado al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que deberá declarar ante ella el 5 de junio. Pero las investigaciones de la Guardia Civil apuntan al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, doctor Fernando Simón como esos "responsables sanitarios" que sabían de la gravedad del coronavirus, tres días antes de la celebración en Madrid de la manifestación del día de la mujer y el acto político de Vox. Los investigadores se basan para ello en el testimonio de varios dirigentes de iglesias evangélicas en España.

5M. "No se puede hacer"

Tres directivos de la Federación de Asambleas de Dios en España (FADE), un grupo de iglesias evangélicas, han prestado declaración ante la Guardia Civil. Iban a celebrar un congreso en Madrid los días 19, 20 y 21 de marzo. Los tres coinciden en que el 5 de marzo tuvieron una reunión en el ministerio de Sanidad, en la que estuvieron el ministro Salvador Illa, el doctor Fernando Simón y el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco. El ministro llegó a decirles: "no, eso no se puede hacer", según la declaración de otro dirigente evangélico, Jorge Humberto Fernández Basso.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico en Madrid, Manuel Cerezo, declaró a la Guardia Civil que "el ministro y don Fernando Simón afirmaron que deberíamos suspenderlo" y les emplazaron para una nueva reunión al día siguiente, 6 de marzo. En ese encuentro, según las declaraciones de los dirigentes evangélicos, ya no estuvo Salvador Illa, pero sí participaron Simón y Blanco. Entonces el doctor Simón les anunció que "ese congreso no se puede celebrar bajo ningún concepto" por el riesgo de contagios para los asistentes y la salud pública.

Otro de los dirigentes evangélicos que estuvo en las reuniones, Juan Carlos Escobar, señaló en su declaración que Fernando Simón les habló de un "escenario grave de pandemia" y que su congreso "no se podía celebrar de ninguna manera". Los líderes religiosos pidieron entonces a las autoridades sanitarias que les enviaran un documento por escrito para suspender su congreso mundial, al que estaba previsto que asistieran unas 8.000 personas, lo que finalmente consiguieron.

Se autorizan otras

La Guardia Civil llama la atención en que se prohibió esa celebración y se autorizaron otras "en fechas posteriores, en que el número de contagios acreditados era superior" y señalan "a modo de ejemplo" que manifestaciones como "la del 8M, Día Internacional de la Mujer, tenían prevista la participación de un millón de personas". Los instructores del caso, un capitán y un teniente de la Unidad de Policía Judicial de Madrid, llamaron a las promotoras de la manifestación del 8M para tomarlas declaración, pero ellas rechazaron esa opción, según el informe entregado a la juez.

La investigación sobre si las autoridades sanitarias y politicas debieron suspender las manifestaciones celebradas en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo incluye otros datos que podrían apuntar al ministerio de Sanidad, como que el 9 de marzo se permitió viajar a España a numerosos hinchas italianos que acudieron a Valencia el día del partido de la Champions entre equipo levantino y el Atalanta de Bérgamo. Esos seguidores no pudieron acudir al partido, que fue a puerta cerrada, pero sí deambularon por bares y calles, según el informe de la Guardia Civil.

Tensión en la investigación

La jueza ordenó a la Guardia Civil recabar toda la información disponible. Los investigadores recogen en sus informes que la Delegación del Gobierno de Madrid les facilita información "incompleta" y que el Centro de Alertas que dirige Fernando Simón aun no se la ha enviado, pese a que se la han solicitado "varias veces" desde el día 8 de abril.

Los informes señalan al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, dirigente local del PSOE, por autorizar 130 manifestaciones en la ciudad entre el 5 y el 14 de marzo. Y aportan un correo interno de la Delegación de Gobierno, difundido la mañana del 2 de marzo entre los empleados en el que se les pide que mantengan el distanciamiento social. La Guardia Civil concluye que, en esa fecha, "La Delegación de Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones".

En la documentación entregada a la juez, los guardias civiles recogen también unas declaraciones del ministro de Ciencia, Pedro Duque, sobre la búsqueda de una vacuna para la Covid 19 y concluyen que "el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus"