26 de mayo de 2020
26.05.2020
Levante-emv
Guardia Civil

Jueces y fiscales cargan contra el cese de De los Cobos

La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales ven una interferencia

26.05.2020 | 21:06
Diego Pérez de los Cobos.

La Asociación de Fiscales estima que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos es una intromisión ilegítima del Gobierno en la Guardia Civil y considera que crea un "inquietante precedente y un ataque a la independencia e imparcialidad" del cuerpo.

Según ha explicado esta asociación mayoritaria, la destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, supuestamente por un informe sobre el 8M, puede afectar a la imagen de neutralidad de los cuerpos de seguridad cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial durante una investigación penal.

La Asociación de Fiscales defiende que el poder ejecutivo no debe intervenir en el Instituto Armado cuando estén trabajando en una investigación abierta por un juzgado o en unas diligencias de la Fiscalía.

Además, han recordado que la Constitución y las leyes procesales reconocen la separación de poderes como un principio básico del sistema democrático, por lo que critican el precedente y el ataque que este cese supone.

La APM pide sus restitución

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha pedido este martes que se restituya en su puesto a Pérez de los Cobos hasta que finalice la instrucción de la causa sobre la manifestación del 8M o hasta que la jueza tome una decisión sobre ella.

"No queremos pensar que en el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de 'pérdida de confianza', porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal", subraya en un comunicado esta asociación.

Exige al Ministerio del Interior que explique los motivos de la pérdida de confianza en el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid o que, "al menos, "asuma públicamente que son ajenos a la instrucción penal en curso".

La APM recuerda que los agentes de la policía judicial sólo deben responder ante el juez instructor", lo que incluye mantener "la reserva sobre las investigaciones encomendadas" salvo que el juez autorice lo contrario.

"Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido, a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando, puede suponer una interferencia en la función judicial que puede llegar a afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido", advierte esta asociación.

Según apunta, la profesionalidad y "absoluta lealtad" de la policía judicial permite a los jueces investigar delitos y enjuiciar a presuntos delincuentes, "desde miembros de la realeza hasta ex ministros, presidentes de comunidades autónomas o banqueros".

"Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial", alerta.

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