Se puede decir que Antonio Garamendi Lecanda(Guecho, Vizcaya, 8 de febrero de 1958), presidente de la CEOE, mamó la empresa desde niño. Hijo de naviero, nieto y biznieto de arquitectos de renombre en Vizcaya, condujo desde joven su camino por las sendas del empresariado. En esta entrevista, el presidente de los patronos pasa revista a la actualidad económica del país, ciertamente convulsa.
Lo peor de la pandemia parece haber pasado y la economía ha iniciado su desescalada. ¿Cómo será la recuperación? ¿Se van a quedar muchas empresas y empleos por el camino?
Depende en primer lugar, de que cada uno, desde su ámbito de responsabilidad, velemos por nuestra salud para evitar un rebrote. A partir de ahí, todo va a depender también de la capacidad de implementar las medidas adecuadas para acompañar a las empresas en la salida progresiva de la crisis. Necesitamos más liquidez para que las empresas puedan superar el bache y poder devolver más tarde el dinero prestado, flexibilidad para acompasar las plantillas y la organización del trabajo al ritmo de recuperación de la actividad. Por último, va a ser fundamental que haya confianza, para que los inversores, dentro y fuera de España, sigan creyendo en nosotros.
El Gobierno desplegó desde marzo medidas de apoyo a las empresas y a los hogares (Ertes, avales, aplazamientos tributarios?). ¿Qué nivel de eficacia han tenido?
Toda área de actuación siempre es mejorable, pero es justo decir que hay muchas de esas medidas que están siendo clave para la supervivencia de muchas empresas. Desde los avales del ICO hasta la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de ahí que pidamos continuar por esa línea. Y rechazamos introducir por ejemplo subidas de impuestos que, precisamente, harían estériles estas medidas.
¿Cuáles deberían ser ahora las prioridades de la reconstrucción?
Dotarnos de confianza y de fiabilidad de cara a los inversores y a las empresas; contar cada uno de nosotros con el sentido de Estado que nos debe guiar para encontrar soluciones desde el diálogo social e institucional y dotarnos de los recursos económicos y presupuestarios necesarios en el corto plazo para superar la crisis, antes de volver a embarcarnos en un nuevo proceso de consolidación presupuestaria de la mano de más actividad y empleo, y dejando de lado nuevas subidas de impuestos. Y no quiero olvidarme de Europa: más Europa. Ningún país puede salir solo de esta crisis y el europeísmo debe salir reforzado.
¿Cómo le suena el plan de recuperación europeo y la posible asignación a España de 140.000 millones? ¿Puede convertirse a la postre en un rescate condicionado a reformas y ajustes?
Me parece un respaldo económico sin precedentes que hay que celebrar. Ahora hay que hacer bien las cosas, lograr que se encaucen las ayudas de la manera más útil posible y, en efecto, habrá que ver los flecos. Está claro que es una propuesta sujeta a condicionalidades, pero en el momento en el que estamos se trata de una gran noticia que tanto la Comisión Europea como el BCE hayan reaccionado rápido y con contundencia.
¿Apoya la CEOE la creación del ingreso mínimo vital?
Compartimos el objetivo de que ninguna persona se quede atrás, en línea con la Carta Social Europea. Pero también creemos que debe ser una ayuda vinculada a la empleabilidad de las personas, a la formación o cualesquiera fórmulas que garanticen que, al mismo tiempo que se da sustento al beneficiario, se le da una opción de alcanzar un empleo. Lo ideal es, siempre que sea posible, ayudar a encontrar un empleo, no subsidiar sin más. Si no estaremos facilitando la economía sumergida. Nos hubiese gustado que esta ley se hubiese trabajado en el ámbito del Diálogo Social y en el cauce parlamentario fuera del estado de alarma, o dentro de un posible Pacto de Toledo.
Se está produciendo un deterioro rápido y profundo de las cuentas públicas. ¿Vislumbra la patronal un escenario de reformas a la baja de las pensiones?
Las pensiones son una política de Estado y corresponde al Pacto de Toledo manifestarse sobre esas cuestiones. Nosotros los empresarios lo que podemos hacer es propiciar con la ayuda necesaria la reactivación de la economía, del empleo, y, de esa forma, de los ingresos por cotizaciones sociales que alimentan las pensiones. Trabajaremos desde nuestra responsabilidad para conjurar cualquier escenario como el que dibuja.
La CEOE ha «suspendido» su participación en el diálogo social a raíz de la controversia sobre la reforma laboral en un momento de extraordinaria dificultad. ¿Qué debería ocurrir para que ese diálogo se reconstruyera?
Bueno, la verdad es que me gustaría aclarar que nosotros nunca nos levantamos de las mesas, la realidad es que fue el Gobierno quién «montó» una mesa paralela con otros partidos políticos, saltándose completamente la mesa de diálogo social. Ha sido un problema de confianza en el que, como dice, nos jugamos mucho. Hemos dicho siempre que somos una organización que se rige por la lealtad institucional y el sentido de Estado, de ahí que hayamos tenido la reacción que se ha visto estos días cuando hemos visto vulnerada la confianza que debe imperar en una mesa de diálogo social. Es lo que la responsabilidad nos exigía. Dicho esto, he agradecido públicamente a la vicepresidenta Nadia Calviño su postura nada más conocerse el pacto al que alude, diciendo que no es el momento adecuado para plantear la llamada «contrarreforma» laboral. Son gestos que de alguna manera van en la dirección de recuperar la confianza perdida.
El Gobierno ha dicho que no habrá una derogación integral, que sólo se revisarán algunos aspectos «más lesivos». ¿Les basta esa rectificación?
La confianza es algo intangible que se tarda mucho tiempo en construir y muy poco en perder. No se recupera una vez perdida con una oferta concreta en una mesa de diálogo. Dicho esto, seguimos pensando que no es el momento de desandar caminos, sino de pensar en qué capacidad de adaptación va a necesitar la empresa española en estos momentos para navegar en la tormenta económica que tenemos por delante.
El acuerdo de los ERTE incluye un compromiso de mantener los niveles de empleo durante seis meses, con alguna excepción. ¿Contendrá eso los despidos?
La firma de este acuerdo ha sido un paso muy importante que ha permitido desligar los Ertes por fuerza mayor del estado de alarma y que abre la puerta para definir, con carácter urgente, antes del 30 de junio, las necesidades de las empresas de aquí a final de año. El empleo y el desempleo dependen sobre todo de la actividad. Una empresa que no es capaz de abrir porque no tiene actividad o porque carece de liquidez se verá obligada a despedir, haya o no prórroga del ERTE; y si además se le limita la capacidad de adaptarse a la situación, el desenlace será el mismo, por eso es tan importante lo que se trabaje estos días en las mesas de diálogo, para establecer las medidas oportunas, sobre todo para los sectores más afectados.
Nissan cierra en Barcelona, Francia incentiva la relocalización de la industria automovilística... ¿Es este el inicio de una cadena de deslocalizaciones en la principal industria española?
Esperemos que no. España necesita fortalecer a sus empresas y si hay un sector que debe estar a la cabeza de la recuperación ese es la industria, dentro de la que se encuadra el segmento del automóvil. Si no apostamos de manera decidida por una economía más industrial, y por un tejido empresarial fuerte, en este ámbito estaremos cometiendo un grave error.
A su juicio ¿cómo afecta la crispación política al funcionamiento de la economía del país?
Si hablamos de reconstrucción, debemos entender que la economía depende directamente de la confianza. Y en la construcción de esa confianza tienen una responsabilidad clara las fuerzas políticas. Hay que volver a poner en pie el país desde el punto de vista económico y parece que algunos están perdidos en una dialéctica política que ayuda muy poco. Insisto, hace falta lealtad institucional, sentido de Estado, responsabilidad y confianza.
