La Comisión para la Reconstrucción que se ha creado en el Congreso afronta desde la semana que viene la recta final de sus trabajos con una mezcla de ilusión y escepticismo, con dudas sobre el grado de concreción del texto final y con la expectación puesta en la actitud del PP.

Cinco diputados que han participado en la Comisión y en sus grupos de trabajo reconocen, en declaraciones a Efe, que el consenso saldrá más o menos reforzado en función de la posición que adopte el partido de Pablo Casado. La mayoría de las fuentes consultadas creen que se sumará al acuerdo, pero siempre y cuando sea genérico.

Faltan días para comprobarlo, pero no muchos.

A mediados de esta semana los integrantes de la Comisión recibieron un calendario y unas instrucciones de la Mesa, presidida por el diputado socialista Patxi López, sobre los plazos que quedan por cumplir y sobre cómo redactar los borradores.

El miércoles 24 acabará el plazo para que los partidos presenten sus planteamientos en cada uno de los cuatro grupos de trabajo que forman la Comisión; la sanidad, las políticas sociales y de cuidados, la UE y la reactivación económico han sido los ámbitos.

Los textos, según el acuerdo de la Mesa, podrán comenzar con una exposición de motivos y seguirán con propuestas numeradas.

Un día después, en cada grupo, los diputados debatirán qué borrador de los presentados servirá de base para luego modificarlo con enmiendas, cuyo plazo de registro vencerá el domingo 28.

A lo largo de la semana siguiente los grupos elevarán a la Mesa de la Comisión los textos que hayan suscitado más apoyo, así como los votos particulares que se presenten. Empezará por tanto la negociación para pergeñar un documento final, que se debatirá y votará en el pleno.

Como las elecciones vascas y gallegas se celebrarán el 12 de julio, esa semana carecerá de actividad en el Congreso, de manera que la aprobación definitiva del documento de la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus apunta a la tercera semana del mes próximo.

La corta vida de esta comisión -es "no permanente", de ahí su temporalidad- ha sido intensa porque durante todo el mes de junio no han cesado las comparecencias de cargos públicos y de expertos de muy diversa índole, desde figuras como Cristina Garmendia a los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, pasando por los cuatro vicepresidentes del Gobierno.

No ha agradado a todos el método. La fugacidad de las comparecencias, su elevado número, el lapso de tiempo tan estrecho en el que se ha trabajado... "Para los grupos pequeños ha sido una odisea", apunta una de las fuentes consultadas.

"No ha venido nadie del sector financiero, nadie de una empresa turística potente, nadie del sector eléctrico... A los comparecientes, al margen de su profesión o nivel, fuera importante o desconocido, se les daba el mismo tiempo; hay grupos que no han preguntado nada y sólo se han dedicado a rebatir. Y todo en un mes", resume esta fuente.

Se han producido momentos de tensión, como aquella acusación de Pablo Iglesias a Vox acerca de su supuesta querencia por dar un golpe de Estado, y Patxi López, en una sesión, tuvo que interrumpir su transcurso dos veces para pedir serenidad y concordia.

Sin embargo, la Comisión ha llegado a la etapa decisiva: la redacción de un documento con conclusiones. Es la etapa de la política.

Un diputado de un grupo independentista cree que el PSOE y Unidas Podemos presentarán un texto conjunto de conclusiones y tantearán a las formaciones del bloque de la investidura de Pedro Sánchez para recabar sus apoyos.

Entre estas formaciones, las opciones de que haya consenso son muy altas a poco que el texto desgrane medidas de "justicia fiscal" o de "fortalecimiento de la sanidad pública". Medidas, advierten, que no serán muy concretas ni de magnitud política.

Las fuentes coinciden en que el texto que salga de la Comisión se caracterizará por ser muy genérico.

Uno de los diputados más activos en la Comisión precisa algunas de esas generalidades que concitarán consenso: coordinación entre administraciones, refuerzo de la atención primaria, que haya reservas suficientes de material sanitario, el desarrollo de la ley de salud pública, el papel de la enfermería, solidaridad europea...

"Aquí no habrá problema", afirma antes de vaticinar en qué grupos brillará el acuerdo: "en el de sanidad y en de la UE es muy probable; tengo dudas con el de las políticas sociales y con el de la reactivación económica".

El campo de juego para el consenso dejará un espacio trascendental para el PSOE, por un lado, y para el PP, por otro. En medio, formaciones como ERC, PNV y Cs, a las que las fuentes incluyen en el acuerdo precisamente porque evitará zonas de conflicto para ellos, en especial todo lo que pueda derivar en contenciosos competenciales con las comunidades autónomas.

Sin embargo, sin el PP en el pacto, la reconstrucción cojeará.

"En el Partido Popular lo saben, y por eso estarán. Intentarán incorporar alguna crítica a la gestión y seguro que harán un voto particular, pero al final estarán", afirma una de las fuentes consultadas.

Aunque, como sostiene otra fuente: "Será clave la actitud del PP, sí, pero también la del PSOE: espero que su prioridad sea un consenso lo más amplio posible".