El Gobierno ha aprobado este viernes las normativas que fijan las condiciones de los ERTE hasta septiembre, así como la extensión de ayudas a los autónomos en aras de seguir "protegiendo" a empresas y trabajadores en esta pandemia del COVID-19.

En la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde a estas medidas, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha destacado el papel de los ERTE en esta crisis "para frenar la hemorragia del mercado laboral" y mitigar el impacto de la pandemia evitando despidos.

Montero, que ha destacado el ejemplo dado por los agentes sociales para alcanzar un acuerdo en estos momentos, ha subrayado que los ERTE son una herramienta flexible que usan grandes y pequeñas empresas.

El acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales fija las condiciones para extender los ERTE relacionados con el COVID-19 hasta el 30 de septiembre, con menores exoneraciones pero contemplan la opción ante posibles rebrotes.

Junto a esto, el Gobierno también acordó ayer con los autónomos extender hasta el 30 de septiembre las ayudas para los que sigan viendo afectado su negocio por el COVID-19, así como crear un nuevo subsidio para los de temporada.

Montero ha destacado que los dos reales decretos que dan forma a estas medidas "favorecen la seguridad de empresas y trabajadores" y ponen las bases para que la recuperación económica llegue al conjunto de los sectores.

Las prestaciones por ERTE deben tributar

Por otra parte, la ministra ha subrayado que las prestaciones de desempleo que cobren los afectados por un ERTE también son ingresos y deben declararse. Montero ha descartado una reforma fiscal para cambiar eso.

"Aquellos que los tengan tendrá que contribuir en su IRPF (...) hay que declararlo, es una contribución justa", ha afirmado.

Desde algunos sectores, como el sindicato CSIF, han pedido a Hacienda que excluya de la obligación de declarar a las personas en ERTE que cobren menos de 22.000 euros para que no se vean perjudicados al tener dos pagadores.