El fiscal del Supremo, Javier Zaragoza, uno de los miembros del ministerio público en el juicio del procés, ha dicho este viernes en un seminario online del ICAB que todos los gobiernos de España "han sucumbido a la tentación de poner al fiscal general de turno a su servicio".

En una ponencia sobre la independencia de la Fiscalía y su relevancia constitucional organizada por la comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Zaragoza ha sido crítico con las injerencias, a su juicio, del poder ejecutivo en el judicial.

"El Ministerio Fiscal tiene independencia orgánica y funcional, y plena autonomía; pero hay que apuntalar el sistema de independencia todavía más con reformas de la ley para impedir que el poder ejecutivo confunda la atribución que le corresponde de decidir la política criminal del país con el control de la Fiscalía", ha aseverado Zaragoza.

Siguiendo con su línea crítica con la clase política, ha añadido que el problema de la justicia "no es la judicialización de la política, sino la politización de la justicia".

Según Zaragoza, los problemas de la justicia llegan "cuando la clase política hace el reparto de los cargos de la administración de justicia siguiendo cuotas políticas o cuando los representantes públicos pretenden resolver sus discrepancias políticas mediante la justicia penal".

En la misma línea, Zaragoza también se ha referido a la reclamación de un sector de la opinión pública del país para que se desjudicialice la política: "este pretexto no puede servir para que los responsables políticos eludan el control judicial ni para que la justicia deje de perseguir algunos delitos. Puedo asegurar que siempre que se cometa un delito, la Fiscalía estará ahí".

Y ha sugerido que debería "limitarse" el poder que tiene actualmente el Fiscal General -que puede imponer su criterio respecto a la petición de la Fiscalía en cualquier juicio del Estado- de manera que, en adelante, sólo dé "instrucciones generales" y los fiscales de a pie puedan establecer su propio criterio sin miedo a verse enmendados por instancias superiores.

Por último, Zaragoza se ha referido a la posibilidad de que una reforma legislativa traslade la misión de instruir las causas penales a los fiscales, en detrimento de los jueces, que ostentan esa tarea a día de hoy.

"Nuestro sistema acusatorio no tendrá pleno sentido hasta que la instrucción la hagan los fiscales. Pero hay que asumir que ese cambio requerirá un aumento de la plantilla de fiscales, más recursos técnicos y materiales y una reforma normativa de amplio calado", ha concluido el representante de la Fiscalía.